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La Diputada Local, Mónica Sánchez Angulo, presentó una iniciativa al pleno de la LXIV Legislatura para reformar el párrafo cuarto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como al artículo 15 de la Ley Municipal, la cual, busca modificar la fecha para que los integrantes de ayuntamientos electos en procesos ordinarios, tomen posesión con la entrega de la cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal, el 15 de octubre posterior a la fecha de su elección.
Durante la décima segunda sesión ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora también propuso que ese mismo día se realice la sesión solemne de instalación de las cabeceras municipales y ante el pueblo en general para rendir la protesta de Ley conducente.
Lo anterior, dijo, porque cada tres años surgen contingencias por costumbres administrativas y bancarias al depositar los recursos públicos, regularmente el último día de cada mes; que imposibilita cumplir las obligaciones constitucionales y legales, regularmente de carácter pecuniario por parte de la administración municipal que deja funciones sobre el término que la Ley Municipal vigente establece el 31 de agosto.
“En consecuencia, materialmente se genera incertidumbre, desinformación y entredichos deleznables entre los integrantes del ayuntamiento, mientras que formalmente se transgrede el principio de seguridad jurídica porque se menoscaban los bienes jurídicos de los propios representantes populares, trabajadores y acreedores que pueden desencadenar, ineluctablemente, en procesos jurisdiccionales de carácter administrativo, electoral, laboral, civil, mercantil e incluso, se especula la comisión de hechos que nuestra ley penal considera delitos”, expresó.
La congresista, representante del Partido Encuentro Social Tlaxcala, Mónica Sánchez, consideró que las deudas se gestan porque hay desorden financiero ante la premura de asumir el cargo, sin que se culminen satisfactoriamente los procesos de entrega-recepción.
La iniciativa presentada fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, así como para su expediente parlamentario.