- Redacción
Por mayoría de votos, los integrantes de la LXIII Legislatura Local designaron al diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, como presidente de la comisión espacial de diputados que conocerá de la denuncia de juicio político, presentada por los ciudadanos Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales, en contra de Marlene Alonso Meneses, en su carácter de presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.
En el dictamen dado a conocer, se estableció que la misma también estará integrada por las legisladoras María Ana Bertha Mastranzo Corona y Patricia Jaramillo García.
En este sentido, se recordó que la solicitud fue promovida ante esta Soberanía por los ciudadanos Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales, en su carácter de Comisionados del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en contra de la licenciada Marlene Alonso Meneses, en su carácter comisionada presidenta del citado Instituto; el día 28 de mayo de 2018, y ratificada el día 30 del mismo mes y año ante la Secretaría Parlamentaria, según consta en el Acta de Ratificación de la denuncia en mención.
Por ello, se instruyó a los integrantes de la comisión especial a celebrar sesión de instalación y junto con los denunciantes coadyuven en la realización de las gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público denunciado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.
En otro orden de ideas, el Pleno Legislativo conoció de la iniciativa presentada por el diputado Víctor Manuel Báez López, para adiciona el capítulo Octavo al título Sexto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con el objeto de crear al interior del Congreso una Contraloría Interna que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción, dependerá de la Junta de Coordinación y Concertación Política.
Dicho Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, se justificó que además de ser una obligación jurídica es una demanda sentida de la población, que urge a que los servidores públicos se desempeñen bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, legalidad y rendición de cuentas; con lo que se contribuirá eficientar la función del Poder Legislativo, pero sobre todo, devolver la confianza de los ciudadanos en una de las Instituciones más importantes del Gobierno en nuestro Estado.
En esta misma sesión, el legislador Víctor Manuel Báez López, dio lectura a la iniciativa para adecuar diversos preceptos de la Constitución Política Local, con el fin de normar la figura del veto, por parte del Ejecutivo.
Al respecto, se propone que cada Decreto o Ley aprobado por el Congreso del Estado será remitido al Gobernador para su consideración; si éste tuviere observaciones, las remitirá durante los ocho días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta cinco días naturales para promulgar la Ley o Decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será Ley o Decreto y se considerará promulgado, la mesa
directiva del Congreso contará con un plazo máximo de cinco días naturales para ordenar la publicación de la Ley o el Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso insistiese en la misma Ley o Decreto con la confirmación de dos terceras partes de los presentes, el proyecto será Decreto o Ley. El Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con diez días naturales para su promulgación y publicación. Si no lo hiciere en este término se considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso ordenará la publicación de la Ley o Decreto en los siguientes cinco días naturales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.