- Cap. Al-Faro
Hace dos años, el Congreso de Quintana Roo promovió una ley de protección al ambiente y los animales la cual prohíbe los espectáculos taurinos en el Estado, una ley que fue votada sin que hubiera consulta popular de por medio y sí en cambio el capricho de algunos diputados sin conocimiento de causa.
El próximo domingo 16 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, está anunciada una corrida de toros mixta con la actuación de los matadores Michelito Lagravere, Paulo Campero y el novillero Julio Ventura, con seis ejemplares de la ganadería de San Salvador, para que ese festejo taurino pueda realizarse el abogado César Cauich, quien a su vez es el empresario desde el 2004 de la plaza de toros de Kantunilkín, tuvo que ampararse contra la prohibitiva ley en el Estado de Quintana Roo.
Sobre ese aspecto restrictivo de la ley comento, el empresario: “Esa ley de la que hablamos, es una ley que no tomó en consideración el tejido social de los municipios y de la gente que tiene arraigada esta costumbre de los toros en el Estado, el gobierno del Estado intentó cancelarme el evento en el marco de esa ley. Promoví un amparo indirecto con incidentes, con el juez de Distrito del Estado de Quintana Roo, en apego a la ley, que establece, en el Artículo 1, de respetar mis derechos y uno de esos es el derecho a la cultura”, afirmó. El abogado Cauich comentó que habiendo presentado toda la documentación necesaria y expuesto los reglamentos de ley, obtuvo una resolución a su favor.
“La autoridad federal nos proveyó del amparo y con base en ese amparo fue que pude haber realizado la corrida del 18 de diciembre. Sí llegó la policía municipal y les mostré mi amparo para que lo constataran en su documentación. El camino hacia nuestra libertad cultural, por así decirlo, desgraciadamente no depende de que un grupo de personas quieran promover la cultura, sino depende a que de un pequeño grupo de diputados que a veces no saben el sentir de la sociedad, te vengan a imponer modas o lo que una minoría cree que es lo adecuado”, señaló.
Una vez que la autoridad concedió el amparo al empresario taurino y que dejó las cosas como estaban, está claro que aquel empresario, municipio o poblado que desee hacer fiesta brava deberá tomar en cuanta, aparte del costo que el festejo i destinar unos 15 mil pesos para tramitar un amparo.
Cauich recordó además que el Artículo 115 fracción 3 y 4 de la Constitución establece que “los municipios son libres y autónomos”, por lo tanto, si un municipio declara a la fiesta de los toros como un bien inmaterial cultural, se puede blindar contra ley estatal que lo prohíba o cualquier tipo de acciones que quieran interponer.