- Redacción
Tlaxcala, Tlax.- Las Leyes secundarias de la reforma educativa, que fueron aprobadas este 19 de septiembre por la Cámara de Diputados, están causando polémica entre académicos, políticos y especialistas en la materia pues consideran que es un paso atrás para la formación de docentes y alumnos. Hay puntos importantes en los que miembros de la oposición y académicos no están de acuerdo, y son los siguientes:
Primero, la asignación de plazas. La Ley para el Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros es el paquete más polémico, pues establece los criterios de admisión y promoción de las plazas.
En los apartados de admisiones, tanto para educación básica como para media superior, se establece que se creará una mesa tripartita en donde habrá representantes de la SEP y de los sindicatos, quienes crearán un sistema que permita valorar las aptitudes de los aspirantes. Es decir, adiós exámenes.
Los valores que se tomarán en cuenta serán la formación pedagógica, acreditación de estudios mínimos de licenciatura, cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial; los programas de movilidad académica, el dominio de una lengua distinta o la experiencia docente. Los representantes sindicales también podrán involucrarse en el proceso de ascensos o cambios de los centros de trabajo. Este detalle prendió las alertas entre organizaciones civiles pues creen que con ello se volverá al esquema de venta de plazas.
Segundo, la prioridad a normalistas, porque para ingresar a las escuelas normales, a la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio, la Secretaría de Educación Pública determinará el modelo de ingreso, el cual debe apegarse a la demanda prevista. No se contempla ningún examen y los egresados de dicha instituciones tendrán prioridad respecto a otros aspirantes, para obtener una plaza de docentes.
Este punto, de acuerdo con organizaciones como México Evalúa, contradice el artículo tercero constitucional porque pone en desventaja a otros aspirantes. El artículo tercero establece que “la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones”.
Tercero, la plaza definitiva. La legislación establece que las plazas podrán ser definitivas una vez que el docente cumpla 6 meses y un día en su puesto; y no tenga ningún comentario desfavorable en su expediente. Esto aplica para los de nuevo ingreso y los que busquen alguna promoción, ya sea en nivel básico o medio superior.
Con esto se acaban los exámenes para evaluar a los profesores, mecánica que estaba estipulada en la reforma de Enrique Peña Nieto y que provocó protestas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y hasta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en ese entonces encabezaba Elba Esther Gordillo.
Cuarto, el instituto. Desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), organismo que era el encargado de administrar los recursos y lineamientos para la infraestructura, creación y mantenimiento de los planteles. Las funciones de dicho organismo pasaran a ser parte de la SEP.
La iniciativa aprobada establece que el dinero para el mejoramiento de infraestructura educativa se dará a los padres de familia y a las autoridades escolares. Sin embargo, diputados de oposición consideran que el cierre de este instituto traerá más conflictos, pues los padres de familia no cuentan con los conocimientos técnicos para poder realizar labores de mantenimiento o construcción de una escuela. Estos cambios no son definitivos pues las minutas pasaron al Senado para su análisis y en caso de ser necesario, modificación.
Gritos de Calderón y Peña Nieto costaban hasta 21 millones de pesos
Durante varios años, la celebración del Grito de Independencia se volvió un evento exclusivo de la clase política en nuestro país; en este tipo de celebraciones quienes más derroche hicieron fueron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El pasado 15 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador rompió el molde y canceló la tradicional cena en Palacio Nacional, cambiándola por un evento en el patio central del recinto junto a su gabinete y cuerpo diplomático del país.
En este grito, AMLO rompió el protocolo y en lugar de cruzar por salones llenos de gente que aplaudía su paso junto a su esposa, además de dejarse ver en el balcón presidencial junto a su familia, decidió estar junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez, solamente. Durante su última celebración de independencia, Enrique Peña Nieto desembolsó 21 millones de pesos, en un evento que fue totalmente privado y en el que su familia se asomó unos minutos al balcón para ver los fuegos artificiales. Luego de ello hubo una fiesta privada donde el músculo gubernamental, gente del PRI y empresarios prominentes encabezaban la celebración junto al mandatario en turno.
Felipe Calderón también fue un gran fanático de las fiestas de independencia. Se supo que durante su gobierno hubo gastos hasta por 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas (las preferidas era tequila, vino de mesa y whiskey). Para 2006, primer año del michoacano en el poder, la fiesta tuvo 2 mil 300 invitados y se gastaron casi 22 millones de pesos en solo unas horas.
Además, el panista acostumbraba invitar a expresidentes a que le aplaudieran, como la ocasión en que Salinas de Gortari se vio entre los invitados a su grito. Para 2008, Calderón tenía prevista otra gran cena del 15 de septiembre, pero tuvo que cancelarla cuando se vivió un atentado terrorista en Michoacán (el lugar en donde decidió iniciar su guerra contra los cárteles de la droga). En esos momentos, México estaba por vivir un alza de secuestros, violencia y muerte que no se ha detenido hasta este 2019. Para 2011 y 2012, el panista bajó la cantidad del evento hasta 12 y 13 millones de pesos por noche.