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- Se busca fortalecer la seguridad publica jurídica de la población tlaxcalteca
Guadalupe Ortiz
La transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía en el estado de Tlaxcala está en marcha, con el objetivo de fortalecer sus instituciones y ofrecer mayor certeza y seguridad jurídica a la sociedad. La Secretaría de Gobierno (Segob) ha reconocido el interés de distintos miembros de la LXIV Legislatura del Congreso local en este proceso, el cual busca crear una Fiscalía constituida formalmente como un organismo constitucional autónomo, consolidando así su independencia y capacidad de gestión.
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 establece que una de sus principales líneas de acción son la eficacia y eficiencia en la procuración de justicia. Para ello, se plantea la necesidad de proyectos normativos que impulsen el pleno desarrollo de la procuración de justicia en el Estado de Tlaxcala, mediante la profesionalización de ministerios públicos, policías de investigación y peritos, así como garantizar el debido proceso en la investigación del delito, proceso penal y juicio oral.
Esta transición permitirá al Estado avanzar en la modernización de sus instituciones, lo cual resulta fundamental para ofrecer mayor certeza y seguridad jurídica a la sociedad. Las modificaciones planteadas a la Constitución Política del Estado buscan fomentar las capacidades institucionales para mejorar la atención a la ciudadanía y reducir el rezago en la investigación de los delitos ocurridos en el estado.
Uno de los puntos clave de esta transición es el fortalecimiento del personal de la nueva Fiscalía. Se realizará una revisión exhaustiva de perfiles y distintos filtros de confianza para erradicar la corrupción. Además, se incentivará la inversión en equipamiento, infraestructura y capacitación para mejorar su operatividad y eficacia en el combate a la criminalidad.
En conclusión, la transición de Procuraduría a Fiscalía en Tlaxcala no solo cumple con los objetivos establecidos en el PED 2021-2027, sino que también representa un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento del sistema de justicia en el estado, brindando a la sociedad una mayor garantía de sus derechos y un ambiente más seguro y justo para su desarrollo.