“La Ignorancia de la Ley a Nadie Exime de su Cumplimiento”

• ¿Qué tal, mis estimados lectores? Nuevamente, agradezco este espacio que me brinda el Diario El Imparcial de Tlaxcala, un medio de comunicación con gran presencia en el estado de Tlaxcala.

Hoy quiero referirme al principio del derecho que señala: “La ignorancia de la ley a nadie exime de su cumplimiento”. Este principio jurídico, conocido como “IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT” (del latín, “la ignorancia del derecho no excusa”) o “IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT” (“la ignorancia de la ley no excusa a nadie”), parece ser ignorado incluso en nuestro Congreso de Tlaxcala, donde supuestamente quienes lo integran son conocedores de la ley.

Me explico. Existe una diputada de nombre Lorena Ruiz García, quien pertenece a un partido político que ni siquiera vale la pena mencionar. Esta servidora pública presentó una iniciativa de ley para castigar a:

“Servidores públicos, periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que de forma indebida difundan, entreguen, revelen, fotografíen, filmen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal, o productos con uno o varios hechos señalados por la ley como delito”.

Es decir, atenta directamente contra lo que señalan con toda claridad los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran la libertad de expresión y la libertad de imprenta.

La diputada ignora, porque es LEGO EN EL DERECHO, lo que establece el artículo 113, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo, en su fracción IV, señala claramente los derechos del imputado, entre ellos, “no ser expuesto a los medios de comunicación”. Por lo tanto, la ley ya prohíbe estas prácticas, y queda demostrado que dicha diputada desconoce esta legislación.

Sin embargo, el problema va más allá. Parece que la intención de la diputada Lorena Ruiz García no es proteger derechos, sino impedir que los medios de comunicación informen sobre los ilícitos cometidos, ya sea por particulares o por servidores públicos. Esto sería un atentado contra la libertad de imprenta y en realidad, da la impresión de que lo que busca esta iniciativa es evitar que se exhiban actos de corrupción y delitos que ocurren diariamente.

Como dijo el extinto doctor en derecho Ignacio Burgoa Orihuela, en su obra Las Garantías Individuales:

“A la libertad de prensa, el buen funcionario público la aplaude y la preserva; en cambio, el mal gobernante la teme y, por esta causa, la agrede. En las dictaduras, de izquierda o de derecha, se la elimina, sustituyéndola por un periodismo servil dirigido por el autócrata y sus corifeos.”

No podemos seguir tolerando servidores públicos ignorantes de la ley, máxime cuando se supone que son sus principales conocedores. ¿Se imagina vivir en un país donde las autoridades afirmen que “todo está bien” mientras coartan la libertad de imprenta? Esto no puede permitirse.

Es importante que los legisladores comprendan lo que pretenden exponer. Además del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen otras leyes que ya prohíben exhibir a los imputados, en cumplimiento del principio de presunción de inocencia. Por tanto, no se debe legislar de manera ignorante.

Como ciudadanos, debemos exigir que los servidores públicos estén preparados. De no ser así, lo mejor sería que renunciaran a sus cargos. La libertad de imprenta es un derecho consagrado en la Constitución Mexicana, y valdría la pena regalar un ejemplar a la diputada Lorena Ruiz García.

En conclusión, estimado lector, tiene usted la última palabra: ¿Exigimos servidores públicos capacitados o seguimos permitiendo la ignorancia en el derecho?