- Las estimaciones del gobierno federal son optimistas, distantes de la realidad del país, remarca
El senador panista Raymundo Bolaños Azócar advirtió que el paquete económico 2026 del gobierno federal “se cimienta sobre estimaciones optimistas, distantes de la realidad económica del país”, mientras consolida “un modelo insostenible de las finanzas públicas que incrementa la deuda, eleva la carga fiscal y atenta contra los derechos y libertades de las familias mexicanas”.
El morenato, subrayó, ha duplicado la deuda pública del país, pues en 2018 era de 10.5 billones de pesos y este año alcanzará los 20.26 billones.
“Nueve de cada 10 pesos de ese endeudamiento se destinan al pago de intereses, no a inversión productiva”, resaltó en el Pleno, al fijar el posicionamiento de su Grupo Parlamentario, durante la discusión de los dictámenes que reforman el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Bolaños Azócar comparó esa política con “pagar el mínimo de las tarjetas de crédito” y alertó que el gobierno está hipotecando el futuro de las y los mexicanos: “lo que despilfarra hoy el morenato será el dinero que pagarán mañana en forma de gasolinazos, luz más cara y menos servicios públicos”.
En este sentido, cuestionó la reforma al Código Fiscal de la Federación, a la que calificó como la creación de un “Código Fiscal espía”, que busca otorgar al SAT acceso en tiempo real a la información de plataformas digitales.
“Lo que pretenden es convertir al SAT en un auténtico vigilante de los actos y compras de todas las personas en México. Esto vulnera la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica de los ciudadanos”, señaló.
También enfatizó que esa propuesta permite una intromisión directa e irrestricta del fisco en la información personal y comercial de compradores, vendedores y usuarios, sin controles judiciales ni mecanismos de defensa.
“Ningún país democrático acepta una intromisión de este tipo; representa una amenaza sin precedentes para la ciberseguridad y la confianza en hacer negocios en México”, puntualizó.
De igual modo, criticó los cambios a la Ley del IEPS, que incrementa los gravámenes al tabaco, a las bebidas saborizadas y a los videojuegos, bajo el argumento de proteger la salud pública.
“Es una vil mentira que se trate de ‘impuestos saludables’. Lo que buscan es recaudar 42 mil millones de pesos adicionales, pero ni un solo peso se destina a hospitales o programas de salud”, denunció.
Bolaños Azócar recordó que el PAN ha presentado propuestas para eliminar el IVA al agua embotellada, exentar del ISR el aguinaldo, deducir el gasto en medicinas y combatir el huachicol fiscal, pero todas han sido ignoradas por la mayoría oficialista.
“Votaremos en contra de estos dictámenes porque el endeudamiento es insostenible, porque las cargas fiscales no son paternales y porque la autoridad fiscal no puede convertirse en un espía del ciudadano”, concluyó.
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025
Versión de la intervención del senador Raymundo Bolaños Azócar, al presentar el posicionamiento del GPPAN, respecto a tres dictámenes de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera: uno, que reforma el Código Fiscal de la Federación; dos, que modifica la Ley Federal de Derechos; y tres, que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Con su permiso, presidenta.
Este paquete económico 2026 se cimienta sobre estimaciones optimistas, distantes de la realidad económica del país. Este paquete mantiene y profundiza un modelo insostenible de las finanzas públicas, un modelo irresponsable que, en los hechos, sostiene como premisa el incremento a la deuda pública del país, el incremento a la carga de impuestos para las y los contribuyentes. Y que remata con la implementación de un Big Brother fiscal en forma de dispositivos que, desde el Código Fiscal de la Federación, permiten el espionaje en línea y en tiempo real a las bases de datos privadas de los prestadores de servicios digitales.
Todo ello, en perjuicio de los derechos, de las libertades y del bolsillo de todas las familias mexicanas.
En lo que corresponde a la deuda pública, cuando el morenato llegó al gobierno, en 2018, la deuda total del país era de 10.5 billones de pesos. Este año, la deuda estará en los 20.26 billones de pesos. En sólo siete años, este régimen ha duplicado la deuda de México y el gran problema es el uso que se le da a este endeudamiento: 9 de cada 10 pesos de lo que se incrementa de la deuda se utiliza para pagar el servicio, para pagar los intereses que se generan.
Y para que toda la gente lo entienda, lo que hacen equivale a estar pagando el mínimo requerido de las tarjetas de crédito, ocasionando, en un largo plazo, que el modelo se vuelva insostenible. Y los intereses que se pagan son más de lo que se utiliza en el gasto de inversión. Eso es más de lo que se destina a la construcción de estructura de agua potable, de escuelas, de hospitales o de carreteras, entre muchos otros.
Lo que despilfarra hoy el morenato será el dinero que pagarán las y los mexicanos mañana en forma de más “gasolinazos”, en forma de luz más cara y de menos servicios públicos. Han construido un modelo económico de la misma forma que tienen el modelo político del país: llevan siete años gobernando y cada día el discurso se les rebobina al primero.
Hasta hoy, siguen siendo incapaces de reconocer las deficiencias, los atrasos y la gran corrupción que se cimienta del primer piso y perdura en lo que se llenan de llamar el “segundo piso”.
Senadores, senadoras de la mayoría, todos, todos los incrementos de impuestos, el modelo espía de la legislación fiscal y la deuda que tienen con el país son su responsabilidad absoluta, en esta cerrazón que no escucha, que no admite observaciones y que aprueba todas las propuestas del Ejecutivo sin tocar una sola coma.
Este paquete fiscal aprieta a los contribuyentes, a las y los ciudadanos, pero hasta hoy no hay una sola acción efectiva para combatir el huachicol fiscal que, de forma permanente, merma el ingreso de recursos y con ello lastima las finanzas públicas.
La falta de acción para el combate del hoyo negro más grande de corrupción de la historia moderna de México ha exhibido que el morenato ha pasado de la pobreza franciscana a la opulencia virreinal.
Con la nueva reforma del IEPS, suben los impuestos al tabaco, a las bebidas saborizadas, a los juegos con apuestas e incluso a los videojuegos. Todo bajo el cínico disfraz de “impuestos saludables” y otros apellidos con los que se dicen verdades a medias que también son mentiras.
Con la formación científica de la titular del Ejecutivo federal, deben saber muy bien que los impuestos no lo son porque se sujeten a exámenes de moralidad, lo son porque cuestan a las familias mexicanas y tampoco es que se creen por generación espontánea, son cargas que nacen por disposición ejecutiva y aprobación legislativa.
Los impuestos nuevos y los impuestos actualizados –sépanlo–, lo son porque el morenato lo dispone. El “impuesto saludable” no existe y no existe porque la única intención es recaudar. El gravamen a las bebidas saborizadas casi se duplica, pasando de 1.64 pesos a más de 3 por litro.
Este impuesto incluye ahora sueros orales y bebidas electrolíticas que contengan azúcares. Además, se inventa un nuevo impuesto de 1.50 para productos con cualquier edulcorante añadido, gravando también a los productos con menos calorías.
Es una vil mentira que el gobierno federal implemente estos aumentos para proteger la salud de las y los mexicanos. La realidad es que esperan recaudar 42 mil millones de pesos adicionales. Y la mentira se expone porque cada vez que el dinero de estos nuevos impuestos ingrese a la hacienda pública, no existe mecanismo legal alguno que los dirija al sistema de salud.
El dinero no llega ni a hospitales, ni a centros de salud, ni a los programas de prevención, no se destina a la diabetes ni al combate a la obesidad. Si al morenato realmente le importara la salud de la gente, etiquetaría los ingresos del IEPS a acciones específicas, como garantizar el abasto de medicinas o la construcción de hospitales. Pero se destina, simple y llanamente, a llenar las arcas del erario y a preparar su maquinaria electoral para las elecciones de 2027.
Estos impuestos no desincentivan los malos hábitos, lo que hacen es profundizar la pobreza. Y una prueba irrefutable es que si quisieran fomentar realmente un buen hábito, un hábito saludable, este impuesto estaría también complementado con incentivos, como eliminar el IVA en el agua natural embotellada. Pero ese impuesto, como todos los demás, lo mantienen.
Desde el PAN presentamos diversas iniciativas para crear fondos específicos que atiendan enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, derivadas del consumo de alimentos chatarra, cada una ignorada en el dictamen.
En México, el agua de grifo no es apta para el consumo humano y ni siquiera llega a los hogares, por lo que las familias se ven obligadas a comprar agua embotellada o bebidas azucaradas. Pero el gobierno federal no propone una solución para ello.
Por otra parte, la reforma al Código Fiscal de la Federación propone un “Código Fiscal espía”. Lo que buscan es convertir al SAT en un auténtico vigilante de los actos y compras de todas las personas en México. La adición al artículo 30 B impone la obligación a los prestadores de servicios digitales, con el pretexto de modernizar la recaudación, de otorgar el acceso en línea en tiempo real a la información de los sistemas.
La información fiscal sólo puede extraerse teniendo la información de la compra, compañeras y compañeros. Por eso, sostenemos que hay un evidente espionaje en todo lo que plataformas se adquiere. Y esto implica la intromisión directa e irrestricta del SAT en las plataformas, obliga a dichas plataformas a dar acceso total a la información personal y comercial de compradores, vendedores y usuarios.
El texto no define con precisión qué tipo de información califica como aquella que permita verificar el cumplimiento fiscal, creando una facultad abierta que podría derivar en accesos intrusivos y arbitrarios; bajo el pretexto de combatir la evasión, el SAT podrá husmear en la vida personal de las y los mexicanos.
La reforma no contempla obligación de que la autoridad emita apercibimiento formal o solicitud de retiro contenido antes de imponer sanciones a una plataforma por permitir la publicación de anuncios relacionados con comprobantes fiscales. Esto vulnera los principios de presunción de inocencia, de debido proceso, seguridad jurídica y proporcionalidad. Además, de incorporar la facultad de bloquear estas plataformas con un mecanismo de censura, previamente descartado en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Ningún país democrático ni otro sector en México está sujeto a una obligación de acceso directo y continuo a las bases de datos privadas. Esto representa una amenaza sin precedentes para la ciberseguridad y confianza al hacer negocios en México.
Mientras Morena impone nuevos impuestos, en el PAN proponemos que el agua embotellada no sea sujeta al valor del IVA; que la gasolina no lleve impuestos; que se elimine el ISR para apoyar la economía familiar y combatir el huachicol; que los trabajadores reciban su aguinaldo completo, sin el moche que te quita el gobierno, a través del ISR, simplemente por trabajar –concluyo, senadora–; que las medicinas sean deducibles de impuestos, y que si no las tienes se reembolsen, pues el gobierno no garantiza el abasto de medicamentos en hospitales públicos.
Y, concluyo, votaremos en contra de estos dictámenes porque el endeudamiento y responsable es insostenible y a este ritmo van a quebrar al país, porque las cargas fiscales no son paternales, el morenato no puede decidir qué se consume y qué no por el único hecho de hacerlo más caro. Porque la autoridad fiscal no puede ser un espía de la actividad financiera, tiene que tener límites y sujetarse a determinaciones judiciales para invadir, en todo caso, la esfera personal de cualquier ciudadano.
Es cuanto, presidenta.