En el marco del Día Internacional del Migrante, el Albergue La Sagrada Familia, A.C. hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender los pendientes en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Tlaxcala, con especial énfasis en familias y en niñas, niños y adolescentes. Pese al endurecimiento de las políticas de contención a nivel nacional, Tlaxcala sigue siendo territorio de tránsito y, en muchos casos, de estancia, lo que exige respuestas centradas en la protección y no en la criminalización.
La presencia de familias migrantes en Tlaxcala no es marginal. Ante la falta de condiciones seguras y el bloqueo de rutas humanitarias por retenes del Instituto Nacional de Migración, muchas familias son empujadas a caminos clandestinos que incrementan su exposición a violencias y al crimen organizado. Esto obliga al Estado a adoptar medidas de prevención y protección que garanticen el derecho a la unidad familiar y aseguren el interés superior de la niñez.
La niñez migrante enfrenta riesgos graves. Entre 2021 y 2023, más de 3,300 NNA fueron detenidos por el INM en Tlaxcala; cerca de 2,000 fueron atendidos por el Sistema Estatal DIF y más de 1,100 recibieron apoyo del ASAFAM. En su recorrido, enfrentan accidentes, trata y tráfico de personas —con al menos 623 posibles delitos registrados por el albergue—, además de violencia, discriminación, hambre y frío. A ello se suma opacidad sobre el debido proceso y la protección integral posterior a la detención, lo que genera dudas sobre el acceso real al refugio, la reparación del daño y el respeto efectivo a la unidad familiar. ¿Cómo se garantiza el interés superior de la niñez y la protección internacional cuando corresponde?
La respuesta institucional se ha orientado casi sistemáticamente al retorno asistido: entre 2021 y 2023, más del 87 % de los NNA atendidos fueron devueltos, mientras que apenas alrededor del 1 % accedió al reconocimiento de la condición de refugiado, pese a provenir de contextos de violencia y riesgo. Esto evidencia una política de contención sostenida bajo un discurso de “protección”, con poca transparencia sobre criterios técnicos, debido proceso y participación efectiva de los NNA.
A lo anterior se suma la falta de diagnósticos locales, desconocimiento del marco jurídico, ausencia de alternativas a la detención migratoria, coordinación interinstitucional insuficiente y riesgos en espacios de alojamiento como los albergues del DIF estatal. Si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado acciones de sensibilización al respecto, no hay evidencias claras de su impacto ni de una supervisión robusta en operativos migratorios y en el funcionamiento de albergues estatales.
La construcción de entornos de paz exige pasar de la contención a la integración efectiva: convenios entre federación, estado y municipios con programas de inserción laboral, acceso a vivienda no discriminatoria y prevención de violencia de género; además de blindar el acceso a derechos básicos sin condicionarlo al estatus migratorio, ampliar el mandato de integración a solicitantes de refugio y figuras humanitarias, y crear mecanismos formales de coordinación y participación comunitaria con sociedad civil.
En este Día Internacional del Migrante, exhortamos al Estado mexicano a reorientar sus políticas hacia un enfoque humanitario y de derechos humanos, fortaleciendo la coordinación con la sociedad civil y garantizando condiciones reales de dignidad, legalidad e inclusión. Refrendamos nuestra disposición a colaborar y aportar evidencia desde el territorio: proteger a las personas migrantes —especialmente a las familias y a la niñez— es una obligación ética y legal, y una condición indispensable para construir paz, justicia y cohesión social en Tlaxcala.
