- Redacción
Tlaxcala, Tlax.- El diputado local por el XI Distrito Ramiro Vivanco Chedraui, destacó que su mayor compromiso como diputado, es ser la voz del pueblo ante las autoridades para gestionar y dar solución a los problemas de hombres y mujeres que reclaman el respeto a sus derechos, desempeñando un papel relevante en los temas de mayor importancia de quienes le han brindado su confianza en esta representación.
Manifestó a El Imparcial de Tlaxcala que “existe un factor principal que nos une y es lograr un cambio verdadero que transforme de fondo las grandes desigualdades y problemáticas de nuestro Estado, ya que la tarea ha sido ardua, el ejercicio de esta legislatura nos ha llevado a conocer otras dimensiones, nuevos horizontes y grandes compromisos con los tlaxcaltecas”.
Señaló que para este 2020 continuarán las reuniones con los afiliados a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) para seguir analizando las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y la Ley de la Construcción para el estado de Tlaxcala, ya que se deben definir los criterios de economía, eficiencia, transparencia y honradez que deben imperar en la asignación de los contratos para la realización de obra pública.
Destacó que se ha identificado que los directores responsables de obra no son sujetos de sanciones o revocación de su registro ante la Comisión de Asistencia Técnica, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del estado, por lo que Ramiro Vivanco enfatizó que es consciente de la responsabilidad que la ciudadanía ha depositado en el proyecto de cambio de régimen, por lo que convocará a mesas de diálogo para la actualización del marco jurídico y anexar lineamientos de favorezcan la libre participación de los constructores de la entidad.
Finalizó comentando que actualmente, más de la mitad de los municipios de Tlaxcala han recurrido al financiamiento, sin embargo, lo han hecho de manera restringida, debido a las limitantes que señala el artículo 101 de la Constitución Política del Estado que establece un tope del 15 por ciento para municipios y 20 por ciento para el Estado de su presupuesto anual como monto de financiamiento y los limita a mantener sólo un crédito vigente.