ManuelRojas.- La diputada local de Acción Nacional, Leticia Hernández Pérez, sostuvo que “Se vendió la paridad y la legalidad por puestos en el Congreso de Tlaxcala”, ya que lo sucedido el 28 de mayo del presente año, cuando se modificó la integración política y administrativa del Congreso de Tlaxcala fue “una negociación externa al Poder Legislativo, como fruto de la negociación de seis dirigentes de partido quienes como fin último acordaron no aprobar la propuesta de que fueran las mujeres las que encabezarán las listas de representación proporcional.”
En rueda de prensa a la que acudieron Diputadas y Diputados locales que según su dicho son víctimas de violencia política de género, la Legisladora albiazul sostuvo que “Todas y todos aquellos que estuvieron a favor de excluir de la votación la reserva del segundo transitorio de la Ley Electoral del Estado fueron favorecidos en la recomposición de las Comisiones, el nombramiento para ocupar la Comisión Permanente; y, ocupar la Junta de Coordinación y Concertación Política”.
A través de la lectura de un documento, la representante del Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que “Con fundamento en diversas jurisprudencias, así como en las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de 2020 en materia de garantías de género; y, sobre todo, en razón del criterio dictado por la Suprema Corte de Justicia de la nación identificado como 13/2019 que mandata a los Estados a priorizar sobre la paridad de género, los que aprobamos en las Comisiones Unidas en segundo transitorio”, ya se presentó un procedimiento sancionador ante la autoridad Electoral.
“Partimos del hecho de que la nueva legislación federal, permite a cualquier Estado presentar este recurso a fin de defender el derecho de todas las mujeres y hombres que apuestan por la democracia”, manifestó Leticia Hernández.
“Estamos claros que no se trata de un asunto de derecho parlamentario o acuerdos entre pares; sino de violencia en materia de género. De la vulneración de la autonomía del Estado por agentes externos.”, agregó.
La panista explicó que en el recurso presentado ante la autoridad electoral se ha documentando “con toda la precisión los acontecimientos en donde diversos y diversas legisladoras fueron convencidos para actuar en contra de la legalidad de nuestro; todo a cambio de un cargo político. Se vendió la paridad y la legalidad por puestos en el Congreso de Tlaxcala.”
Por ello señaló que se ha solicitado a la Autoridad Electoral “se ordene cautelarmente el cese de los actos que de manera permanente están causando violencia política por razón de género, para evitar daños irreparables que no podrían remediarse con la resolución final que llegue a dictar en el procedimiento sancionador, para paralizar los potenciales efectos discriminatorios suscitados en la sesión presencial del 28 de mayo del Pleno del Congreso local, en detrimento de las que suscribimos esta denuncia.”
Pidió que “La decisión del Ople sobre nuestra solicitud de medida cautelar debe ser resuelta a la brevedad, para que se respete la integración de las Comisiones anterior a la que aparece publicada en el periódico oficial del estado el día 02 de junio de este año, ya que esa modificación no respetó la mayoría calificada que exige el artículo 79 de la Ley Orgánica del Congreso, ni se basó en alguna inasistencia o para optimizar el trabajo legislativo; pues en los acuerdos que se propusieron para tal efecto, no se justificó nada de eso. De igual forma, la restitución de la Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política en virtud de que fue un puesto que se canjeó a fin de favorecer la reserva de las mujeres en las pluris; violentándose el artículo que dispone que las Presidencias son anuales.
Para las y los suscritores de este procedimiento, es procedente conceder las medidas cautelares, porque los efectos de la violencia política resentida, se prolongan en el tiempo y son susceptibles de suspenderse, ya que los efectos de la violencia política no están consumados de forma irreparable, lo que sucedería si no se conceden las medidas cautelares pedidas
La Diputada del PAN afirmó que la denuncia va dirigida “contra las y los 13 diputados que violentaron la Ley, así como aquellos dirigentes de partidos que orquestaron la violencia de género.
El OPLE tiene la obligación de revisar y analizar los hechos materia de la denuncia. Por lo que solicitamos ordene las actuaciones y diligencias de investigación que resulten pertinentes para demostrar la violencia política que se demanda.”
También pidió “que se de vista a autoridades competentes en materia de violencia política en razón de género, a fin de que se adopten las medidas correspondientes; entre ellas a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Instituto Estatal de la Mujer, entre otras”.
Finalmente advirtió, “Tengan por seguro que esta situación deberá ser resuelta y se sentará un precedente importante en la materia.”
A este evento asistieron las diputadas de Morena, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi y Patricia Jaramillo; del Partido de la Revolución Democrática, Laura Yamili Flores Lozano; del Partido del Trabajo, Yodana Garay Loredo; y los diputados De Morena Rolando Pérez Saavedra y Víctor Manuel Báez León.