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Congreso

APRUEBA CONGRESO DEL ESTADO COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TSJE

Será este viernes en sesión privada que el presidente del Consejo de la Judicatura resuelva las dudas sobre cinco temas fundamentales

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  • Redacción

Integrantes de la LXIII Legislatura de Tlaxcala, aprobaron por mayoría de votos, en sesión extraordinaria de este jueves, la comparecencia del magistrado presidente del Poder Judicial de Tlaxcala, Fernando Bernal Salazar, ante el Congreso del Estado.

La comparecencia se realizará este viernes 9 de julio a las 10:30 horas, en sesión privada, en las instalaciones del Recinto Legislativo.

El encuentro tiene como propósito conocer el informe del magistrado presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala, sobre cinco temas fundamentales relacionados con el ejercicio de su función.

Los dos primeros temas están relacionados con la admisión a trámite de dos demandas de juicio de Protección Constitucional: la primera fue concedida a Juana Amalia Soriano Canul en contra de diversos actos emitidos por el Congreso del Estado respecto de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; mientras que la segunda se concedió al ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, para que éste se mantuviera en el cargo.

En ambos casos, el Pleno del Congreso del Estado consideró que dichas demandas son, de acuerdo a lo que establece la Ley de Control Constitucional, notoriamente improcedentes, pero, además, señalaron que al otorgar dichas suspensiones de los actos reclamados, se entorpecieron los procedimientos y, por tanto, la ejecución de los actos soberanos del Congreso del Estado, generando a la par, incertidumbre e inestabilidad en las instituciones del Estado, concretamente la parálisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El tercer punto a abordar en la comparecencia, tiene que ver con la indebida integración del Consejo de la Judicatura a partir del nombramiento de Leonel Ramírez Zamora, quien, desde el nombramiento realizado por el titular del Ejecutivo del Estado, incumplió con los requisitos establecidos en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este caso, los Legisladores expusieron que el magistrado Bernal Salazar omitió informar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al propio titular del Ejecutivo del Estado, que Leonel Ramírez no contaba con la cédula profesional con una antigüedad de 10 años, tal y como lo establecen los ordenamientos antes referidos.

Al realizar la designación de Ramírez Zamora como Consejero de la Judicatura, informaron los Legisladores en el acuerdo validado, el titular del Ejecutivo del Estado vulneró lo establecido en los artículos 95, fracción III y 116, fracción III, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 83, fracción III y 85 fracción V de la Constitución Política del Estado, y los numerales 4 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

El cuarto punto a abordar está relacionado con la violación a diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y el impacto negativo a las finanzas del Poder Judicial, pues entre los ejercicios 2020 y 2021 se detectó un aumento desproporcionado de la plantilla de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

El acuerdo avalado por mayoría de votos refiere que, como presidente del Poder Judicial, el magistrado Fernando Bernal permitió la contratación de más de 120 personas, algunas de ellas en plazas de nueva creación, con lo que hubo un aumento de entre el 12 y el 12.5 por ciento en el capítulo de servicios personales.

Lo anterior, añadieron, contraviene el principio de austeridad y distrae recursos que resultan ser indispensables para dotar de recursos materiales a todas las áreas jurisdiccionales, por ejemplo, del equipo necesario para el debido desahogo de diligencias en materia familiar, tales como salas lúdicas para el desarrollo de juntas con protocolo familiar con la asistencia de profesionales en las áreas de psicología y trabajo social, entre otros requerimientos cuya carencia, ha sido evidenciada en diversos medios de comunicación, por parte de las activistas Yeni Charrez Carlos y Félix Pozos Palafox.

El quinto punto que se abordará este viernes en la Sede del Palacio Legislativo, está relacionado con un presunto acto de corrupción por el nombramiento o contratación indebida del Juez Alejandro Pereda Vega.

Los Legisladores evidenciaron que el Consejo de la Judicatura del Estado, realizó la designación de Alejandro Pereda Vega como Juez “temporal” en el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Morelos (Tlaxco), en contravención a la carrera judicial, sin respetar las plazas que se concursaron y ganaron de manera legal las juezas que se encuentran en espera de ser adscritas.

De la misma manera señalaron que el nombramiento no cuenta con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, pero, además, expusieron que el Juez Alejandro Pereda ha sido señalado públicamente por su falta de pericia, perfil e idoneidad en la función judicial en perjuicio de los justiciables.

El esquema aprobado para la comparecencia inicia con la Protesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, de conducirse con verdad.

Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado explicará el motivo de la comparecencia, con base en los temas relacionados con el ejercicio de sus funciones, para lo cual tendrá 15 minutos.

El magistrado expondrá de manera fundada y motivada el informe solicitado por esta Soberanía e inmediatamente, los Diputados que así lo deseen, podrán formular sus preguntas de manera directa al presidente del Poder Judicial, mismas que deberá responder en ese momento.

Después, podrán hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos, un Legislador por cada uno de los Grupos Parlamentarios; acto seguido, el presidente del Tribunal ofrecerá un mensaje final y, para cerrar el encuentro, la Presidenta del Congreso del Estado podrá ofrecer un mensaje hasta por cinco minutos.

 

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Congreso

APRUEBA CONGRESO DE TLAXCALA CUENTAS PÚBLICAS DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO

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Integrantes de LXIII Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron las cuentas públicas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Durante una sesión extraordinaria desarrollada este miércoles, los Legisladores avalaron los datos del Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en el que detalla que los recursos aplicados por el Congreso del Estado fueron transparentes y apegados a la legalidad.

Asimismo, el dictamen puntualiza que la LXIII Legislatura tuvo resultados de fiscalización en el ejercicio fiscal 2020, dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos.

Además, en la misma plenaria los Congresistas avalaron los estados financieros del Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa), así como el del Poder Ejecutivo (Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, Coordinación  del Sistema  Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado, Coordinación General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Coordinación Estatal de Protección Civil, Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tlaxcala, Instituto Estatal de la Mujer, Comisión Estatal de Arbitraje Médico y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda).

En la misma plenaria, los Legisladores aprobaron las cuentas públicas de 2020 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; del Tribunal Electoral de Tlaxcala; de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y; de las comisiones de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Apizaco, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco.

Sin embargo, el Pleno del Congreso Local instruyó al OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que los dictámenes aprobados, no modifican, solventan, limitan o implican nulidad de dichas observaciones, por lo que el ente fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidades administrativas y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente.

En contraparte, por registrar diversas irregularidades, los Congresistas no aprobaron los estados financieros de los entes: Consejo Estatal de Población; del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco y; de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan.

Con estos trabajos, la LXIII Legislatura acumuló 106 cuentas públicas dictaminadas, por lo que únicamente quedó pendiente el estado financiero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual fue regresado a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para que emita un nuevo dictamen y este sea presentado ante el Pleno.

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FACULTA CONGRESO DEL ESTADO A JOSÉ BADILLO MONTIEL COMO RESPONSABLE DEL PROCESO DE INICIO, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL

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La LXIII Legislatura facultó a quien será el Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado, José Badillo Montiel, para que se encargue del proceso de inicio, instalación y funcionamiento del organismo descentralizado de nueva creación.

El pasado 27 de abril, el Pleno del Congreso del Estado, designó y tomó protesta a José Badillo Montiel, como Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado.

Por lo anterior, en la sesión extraordinaria de este lunes, los Legisladores tlaxcaltecas aprobaron una reforma al Decreto 329, a fin de facultar a Badillo Montiel como encargado del proceso de inicio, instalación y funcionamiento, del centro que deberá iniciar sus funciones el 1 de octubre de 2021.

Asimismo, avalaron que estas acciones las debe de coordinar con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, que es la facultada para llevar a cabo las gestiones necesarias a efecto de que el Centro de Conciliación Laboral del Estado, cuente con los recursos necesarios para su operación, así como la adscripción de los recursos humanos que sean necesarios.

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REGISTRA CONGRESO DEL ESTADO AVANCE SUPERIOR DEL 63 POR CIENTO EN DICTAMINACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2020

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Integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, registraron un avance superior al 63 por ciento en el proceso de dictaminación de cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Durante una sesión extraordinaria desarrollada este lunes, los Congresistas avalaron los estados financieros de diez entes públicos, con lo que ya suman 68 de 107 cuentas dictaminadas.

Los estados financieros aprobados fueron los del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala; del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala; del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala; de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala; de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación  Superior; del Colegio de Tlaxcala, A. C.; del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl y; del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y  Ofendidos.

Lo anterior, debido a que en general, de acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), sus resultados, se ubican dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos

Sin embargo, se instruyó al mismo OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que los dictámenes aprobados, no modifican, solventan, limitan o implican nulidad de dichas observaciones, por lo que el ente fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidades administrativas y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente.

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