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Congreso

DECLARA CONGRESO DEL ESTADO CONSTITUCIONALIDAD DE REFORMAS QUE RECONOCEN NUEVOS DERECHOS PARA LOS TLAXCALTECAS

· También fueron declaradas constitucionales las enmiendas en materia de paridad, derechos procesales y de reforma

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  • Redacción

La Mesa Directiva del Congreso de Tlaxcala declaró la legalidad de las reformas realizadas por la LXIII Legislatura a la Constitución Política del Estado, en las que se reconocen nuevos derechos de los tlaxcaltecas y se adecúan las disposiciones en materia de paridad, derechos procesales y de reforma.

Los Decretos 314, 316 y 317 aprobados por el Pleno de la LXIII Legislatura en las sesiones del 2 de marzo, 4 de marzo y 9 de marzo, respectivamente, cumplieron con el proceso que establece el artículo 120 de la Constitución de Tlaxcala, es decir, fueron aprobados por la mitad más uno de los cabildos de los ayuntamientos del Estado, para declarar la constitucionalidad de la reforma.

La reforma relativa al Decreto 314 incorpora los derechos humanos al buen gobierno, en materia ambiental, a la movilidad y seguridad vial; y amplía las previsiones relativas al derecho a la educación.

En materia educativa, la reforma establece que el Estado y los municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior de forma obligatoria para todos, misma que deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

De la misma manera, la educación promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje; se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; fomentará el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Además, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

En cuanto al derecho a la movilidad, la reforma establece que toda persona tiene derecho a disponer de un sistema integral de transporte moderno en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.

Estas características permitirán el efectivo desplazamiento de las personas, se dará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.

El Estado también deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de este derecho, promoviendo el transporte de bajas emisiones contaminantes.

En materia ambiental, las nuevas disposiciones legales que entrarán en vigor al día siguiente de que el Ejecutivo local las publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado establecen que el Estado y sus municipios, implementarán medidas para la protección, preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente para generar un equilibrio ecológico.

En este sentido, la ley en la materia determinará las medidas y modalidades que deberán observar las autoridades estatales y municipales para que las personas puedan acceder al agua, así como para que ésta tenga una adecuada calidad y se provea a su tratamiento y a su aprovechamiento sustentable.

Por cuanto hace al buen gobierno, la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un buen gobierno, receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

REFORMA EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Decreto 316 contiene modificaciones en materia de paridad de género, por lo que este principio deberá observarse en las integraciones de la Administración Pública Estatal, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Pleno del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Con esta reforma, el nombramiento, evaluación y en su caso ratificación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa, se sujetará, entre otras cosas, al principio de paridad.

De la misma manera, la persona titular del Ejecutivo local deberá realizar con apego al principio de paridad, el nombramiento y remoción de los secretarios del Ejecutivo, Oficial Mayor de Gobierno y todos los demás servidores públicos del estado.

Las nuevas disposiciones constitucionales también establecen que, para la integración del Tribunal Superior de Justicia, se observará el principio de paridad de género, por lo que no habrá más de cuatro magistrados del mismo sexo y; respecto de las propuestas y designaciones de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, por ende, en su integración, se respetará el principio de paridad de género.

En los municipios, la designación de los cargos directivos se llevará a cabo en condiciones de equidad para alcanzar el 50 por ciento de cada género, misma condición que se deberá observar en la integración del Consejo General del Órgano de Transparencia del Estado y en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS PROCESALES Y DE REFORMA

La reforma contenida en el Decreto 317 establece que sólo por delito que merezca la pena privativa de libertad, se aplicará la prisión preventiva; permite también que el sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos y ahora, el Estado podrá celebrar convenios para que las personas condenadas a purgar pena de prisión la puedan cumplir en centros penitenciaros fuera de Tlaxcala.

Las nuevas disposiciones legales también establecen que la organización del sistema penitenciario estará sujeto al respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción social.

Por otra parte, las minutas de reforma a la Constitución Federal que envía el Congreso de la Unión, ahora deberán ser atendidas por el Congreso del Estado en un tiempo no mayor a tres meses, a fin de no causar perjuicio al interés público de los mexicanos.

También quedó autorizado someter a referéndum el resultado afirmativo de una convención constitucional que revise todo el texto constitucional o proponga una nueva Constitución.

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Congreso

APRUEBA CONGRESO DE TLAXCALA CUENTAS PÚBLICAS DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO

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Integrantes de LXIII Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron las cuentas públicas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Durante una sesión extraordinaria desarrollada este miércoles, los Legisladores avalaron los datos del Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en el que detalla que los recursos aplicados por el Congreso del Estado fueron transparentes y apegados a la legalidad.

Asimismo, el dictamen puntualiza que la LXIII Legislatura tuvo resultados de fiscalización en el ejercicio fiscal 2020, dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos.

Además, en la misma plenaria los Congresistas avalaron los estados financieros del Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa), así como el del Poder Ejecutivo (Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, Coordinación  del Sistema  Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado, Coordinación General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Coordinación Estatal de Protección Civil, Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tlaxcala, Instituto Estatal de la Mujer, Comisión Estatal de Arbitraje Médico y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda).

En la misma plenaria, los Legisladores aprobaron las cuentas públicas de 2020 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; del Tribunal Electoral de Tlaxcala; de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y; de las comisiones de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Apizaco, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco.

Sin embargo, el Pleno del Congreso Local instruyó al OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que los dictámenes aprobados, no modifican, solventan, limitan o implican nulidad de dichas observaciones, por lo que el ente fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidades administrativas y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente.

En contraparte, por registrar diversas irregularidades, los Congresistas no aprobaron los estados financieros de los entes: Consejo Estatal de Población; del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco y; de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan.

Con estos trabajos, la LXIII Legislatura acumuló 106 cuentas públicas dictaminadas, por lo que únicamente quedó pendiente el estado financiero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual fue regresado a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para que emita un nuevo dictamen y este sea presentado ante el Pleno.

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Congreso

FACULTA CONGRESO DEL ESTADO A JOSÉ BADILLO MONTIEL COMO RESPONSABLE DEL PROCESO DE INICIO, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL

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La LXIII Legislatura facultó a quien será el Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado, José Badillo Montiel, para que se encargue del proceso de inicio, instalación y funcionamiento del organismo descentralizado de nueva creación.

El pasado 27 de abril, el Pleno del Congreso del Estado, designó y tomó protesta a José Badillo Montiel, como Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado.

Por lo anterior, en la sesión extraordinaria de este lunes, los Legisladores tlaxcaltecas aprobaron una reforma al Decreto 329, a fin de facultar a Badillo Montiel como encargado del proceso de inicio, instalación y funcionamiento, del centro que deberá iniciar sus funciones el 1 de octubre de 2021.

Asimismo, avalaron que estas acciones las debe de coordinar con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, que es la facultada para llevar a cabo las gestiones necesarias a efecto de que el Centro de Conciliación Laboral del Estado, cuente con los recursos necesarios para su operación, así como la adscripción de los recursos humanos que sean necesarios.

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REGISTRA CONGRESO DEL ESTADO AVANCE SUPERIOR DEL 63 POR CIENTO EN DICTAMINACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2020

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Integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, registraron un avance superior al 63 por ciento en el proceso de dictaminación de cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Durante una sesión extraordinaria desarrollada este lunes, los Congresistas avalaron los estados financieros de diez entes públicos, con lo que ya suman 68 de 107 cuentas dictaminadas.

Los estados financieros aprobados fueron los del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala; del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala; del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala; de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala; de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación  Superior; del Colegio de Tlaxcala, A. C.; del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl y; del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y  Ofendidos.

Lo anterior, debido a que en general, de acuerdo al Informe Individual remitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), sus resultados, se ubican dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos

Sin embargo, se instruyó al mismo OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que los dictámenes aprobados, no modifican, solventan, limitan o implican nulidad de dichas observaciones, por lo que el ente fiscalizable, está  obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidades administrativas y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente.

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