- Redacción
Por mayoría de votos, Diputados locales designaron a la legisladora Patricia Jaramillo García como primera secretaria de la Mesa Directiva para lo que resta del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura.
En la sesión ordinaria de este martes, los integrantes de la Legislatura local validaron la sustitución de la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona.
Por otra parte, en la misma sesión, el Diputado Víctor Manuel Báez López propuso adecuar diversas fracciones del artículo 163 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala, para eliminar el pago por concepto de copias certificadas, para la sustanciación del juicio de amparo.
En este tenor, puntualizó que actualmente en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en sus juzgados de primera instancia en materia familiar, civil, mercantil, de oralidad mercantil, penal en sus diferentes denominaciones, así como en sus salas correspondientes, se paga una cantidad por concepto de copias certificadas y por diligenciaría de exhortos, violando la Carta Magna, a pesar de existir expresamente una prohibición absoluta en ese sentido.
Con ello, dijo, se limita la impartición de justicia de forma gratuita, ya que a los gobernados siendo partes en un litigio y teniendo la necesidad de obtener copias certificadas de actuaciones de su propio expediente o bien sentencias para su ejecución, se les autoriza dicha expedición, pero condicionándolo al pago de derechos.
Explicó que ese requerimiento económico lo fundamenta la autoridad jurisdiccional en lo que disponen las fracciones I, II y III del artículo 163 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala de fecha 31 de diciembre del año 2002, según sea el caso, no obstante, explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en su artículo 52 fracción VII, dispone que es una facultad del secretario de acuerdos expedir gratuitamente las copias certificadas que le soliciten las partes.
Esa ambigüedad, señaló, ha creado incertidumbre entre los gobernados y las propias autoridades jurisdiccionales, pues existe conflicto entre una norma general, como es el Código Financiero y una norma especial como lo es la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, la cual debe imperar, pero por el contrario, la ley general es empleada de forma discrecional, aplicando una contribución que sin lugar a dudas limita el acceso a la impartición de justicia de forma gratuita.
Por otra parte y por mayoría de votos, los legisladores avalaron las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de los municipios de Yauhquemehcan, Contla de Juan Cuamatzi, Papalotla, Mazatecochco y Hueyotlipan.
