- Manuel Rojas
Tlaxcala, Tlax.- La coordinadora parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso de Tlaxcala, Leticia Hernández Pérez, señaló que la propuesta de decreto para elevar a rango constitucional los programas de bienestar, hace evidente la estrategia política del Titular del Ejecutivo Federal de convertir de convertir sus políticas de gobierno en políticas de Estado.
Durante la primera sesión extraordinaria realizada en línea, se aprobó la minuta que garantiza el acceso a los servicios de salud a las personas que no cuentan con seguridad social, además de la entrega de apoyos económicos a adultos mayores y personas con discapacidad, así como becas y pensiones a adultos mayores.
Ante esto Leticia Hernández advirtió que la propuesta pone de manifiesto los limitados alcances en materia de derechos humanos, cuando lo que pretende elevar a rango constitucional es una de tantas políticas públicas que puede instrumentar un gobierno para hacer efectivo el ejercicio y goce de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “No muestra los suficientes elementos objetivos que permitan concluir que es apropiada para lograr el pleno y efectivo goce de los derechos de las personas a quienes van dirigidas”, comentó.
La representante de Acción Nacional sostuvo que “en lugar de redactarse con la generalidad debida y plantear las obligaciones a las que deberá sujetarse el Estado para lograr el pleno ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, de las adultas mayores y los estudiantes; focaliza y acota los apoyos económicos que pretende constitucionalizar. Lo que pone en duda el actuar efectivo del Estado para el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas”.
Leticia Hernández resaltó que la estrategia política del Titular del Ejecutivo Federal no plantea elementos que permitan la adecuada rendición de cuentas del Estado respecto del efectivo goce de los derechos que se instituyen, y da amplio margen para que las correspondientes instancias nacionales e internacionales exijan al Estado resolver eventuales violaciones a los derechos humanos.