- Juan Manuel Rojas
La auditora de Fiscalización Superior, Isabel Maldonado Textle, hizo entrega de 107 informes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, a la Mesa Directiva, y Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala. Los documentos corresponden al informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de los entes fiscalizables, correspondiente al ejercicio 2019. Se trata de los informes de los tres Poderes del Estado, 32 entidades paraestatales, seis organismos autónomos, un órgano sectorizado, 60 municipios y cinco comisiones de Agua Potable y Alcantarillado.
Días antes la LXIII Legislatura de Tlaxcala aprobó en sesión ordinaria, las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019. Por lo que la Comisión de Finanzas y Fiscalización deberá conocer, revisar, estudiar y analizar el informe de resultados que ha remitido el Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de proponer al Pleno del Congreso, el dictamen correspondiente.
Esto no tendría nada de particular si no fuera porque el abogado, Orlando Santacruz Carreño, que defiende al presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, del juicio político que se le sigue en el Congreso del Estado, declaro en una rueda de prensa que la fiscalización que hace el OFS no corresponde a la honestidad con la que se deben manejar todos los auditores superiores, ya que responden a los intereses de sus jefes que son los Diputados.
Estas declaraciones se dieron durante un evento al que fueron convocados medios de comunicación, en el que Santacruz Carreño afirmo que la reprobación de la cuenta pública del ejercicio 2017 del ayuntamiento de Huamantla, fue un error del OFS, el cual ya fue reconocido por su titular, Isabel Maldonado Textle. Aquí hay que recordar que según la fiscalización se detectó un posible daño patrimonial de casi 13 millones de pesos a las finanzas municipales.
Orlando Santacruz advirtió que dudaba que lo emitido por la Auditora Superior haya sido un error humano, porque dijo, se trata de una persona que tiene mucha experiencia y conocimientos técnicos suficientes. Además, aseguro que el órgano de fiscalización superior se ha conducido con intereses por que los resultados demuestran que se cometieron arbitrariedades.
El defensor señalo que son los Diputados quienes deben analizar la situación del Órgano de Fiscalización Superior, revisando los amparos que ha perdido la Auditora Superior, y ojalá no se queden con los brazos cruzados, porque el órgano se ha convertido en un persecutor, para efecto de tratar su ineficiente actuar, porque no hay una eficiente y eficaz revisión de las cuentas públicas.
Cae destacar que Santacruz Carreño fue señalado hace unas semanas por el diputado miguel Piedras días, de haber defraudado las finanzas públicas de Apizaco por más de 50 millones de pesos, cuando fue presidente municipal de esa localidad.
De acuerdo a los antecedentes la figura del Órgano de Fiscalización Superior surge por medio de una reforma constitucional promulgada el 18 de mayo del año 2001, creado como un órgano técnico del Congreso del Estado. Entra en funciones el 15 de enero de 2002 y atiende el mandato constitucional de revisar y fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y demás entes que administren recursos públicos, así como informar el resultado de la revisión al Congreso, a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización.