Además, exigió la legisladora, deben explicar los procedimientos y acciones emprendidas con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, la Secretaria de Energía y el Instituto Nacional de las Mujeres respecto a las cuentas congeladas y la extinción de dominio de organizaciones criminales, ayuntamientos, empresas del sector energético y particulares que han sido vinculadas por estos delitos.
Los funcionarios federales, precisó Dávila Fernández, deberán presentar ante los legisladores integrantes de la Comisión Permanente los avances del proceso de judicialización de las denuncias que se han presentado.
Dávila Fernández refirió que la UIF dio a conocer que bloqueó las cuentas bancarias de mil 939 personas y empresas vinculadas a un cártel, entre ellas de algunos servidores públicos. A través del “Operativo Agave Azul”,recordó, la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda, informó que instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron informes de inteligencia relacionados con los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que operan en redes de corrupción para favorecer las actividades del narcotráfico.
De las cuentas que congelaron las autoridades mexicanas y de acuerdo con información de la propia UIF, señaló la diputada panista, mil 770 pertenecen a personas físicas y 167a empresas, además, se bloquearon los recursos de dos fideicomisos relacionados a dicho grupo del crimen organizado, dedicado al narcotráfico y tráfico de armas, yconsiderado como uno de los más prolíficos y peligrosos en todo el mundo.
Recordó que en un comunicado de prensa, la propia UIF dio a conocer que entre los reportes se localizaron 2 mil 571 “operaciones inusuales” por 2 mil 951 millones de pesos y 38 mil 459 “operaciones relevantes” por aproximadamente 11 mil 478 millones de pesos. En las operaciones internacionales se llevaron a cabo 8 mil 424 reportes por 7mil millones de pesos.
Por ello, Dávila Fernández destacó la necesidad que ambos funcionarios sean citados a comparecer, de manera conjunta, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión e informen sobre las acciones que llevan a cabo ambas dependencias.