- Este informe consolida funciones disciplinarias y combate a la corrupción
Tlaxcala, Tlax. – El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala presentó su informe de actividades, en el que da cuenta del trabajo realizado desde el 1 de septiembre de 2025, fecha en que inició formalmente sus funciones, hasta el momento actual. El balance refleja la puesta en marcha de un órgano creado a partir de la reforma judicial, con avances en estructura, normatividad, atención de quejas, seguimiento de procedimientos disciplinarios y coordinación institucional.
El Tribunal quedó formalmente integrado el 1 de septiembre de 2025, cuando el Congreso del Estado tomó protesta a las Magistradas Violeta Fernández Vázquez, Dora Delia Hernández Roldán y Claudia Cervantes Rosales. Ese mismo día se instaló el Pleno, garantizando la continuidad de la función disciplinaria y la independencia del nuevo órgano encargado de vigilar la actuación de quienes imparten justicia en la entidad.
Desde su conformación, el Tribunal opera a través de tres ponencias: la Primera, a cargo de la Magistrada Violeta Fernández; la Segunda, de la Magistrada Dora Delia Hernández; y la Tercera, de la Magistrada Claudia Cervantes. A través de estas ponencias se conducen los procedimientos disciplinarios que buscan preservar la integridad, legalidad y ética del servicio judicial.
De acuerdo con el informe, entre las funciones centrales del Tribunal se encuentran la investigación, substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves y no graves; la resolución de recursos de revisión; la evaluación del desempeño de órganos jurisdiccionales; la emisión de precedentes vinculantes; la prevención de actos de corrupción y la atención de conflictos laborales al interior del Poder Judicial.
La Presidencia del Tribunal ha coordinado las sesiones del Pleno, elaborado reglamentos y acuerdos generales, turnado expedientes para su resolución y rindiendo informes ante la justicia federal en los casos donde existen juicios de amparo, con el objetivo de garantizar seguimiento puntual y que ninguna queja quede sin atención.
En el rubro administrativo, la Presidencia recibió, registró y canalizó la correspondencia oficial dirigida al Tribunal. Durante el periodo reportado se atendieron 73 documentos en septiembre, 207 en octubre y 156 en noviembre, asegurando que cada comunicación fuera debidamente tramitada.
Uno de los ejes más relevantes del informe es la atención de quejas ciudadanas. En este periodo se recibieron y atendieron 30 quejas por escrito, 11 mediante comparecencia personal y dos a través del buzón electrónico institucional, lo que refleja el uso de distintos mecanismos para facilitar la denuncia de conductas indebidas dentro del Poder Judicial.
En materia de control constitucional, el Tribunal dio seguimiento a juicios de amparo relacionados con la función disciplinaria: uno en septiembre, dos en octubre y ninguno nuevo en noviembre. Paralelamente, se mantuvo una política de puertas abiertas, con la celebración de cuatro audiencias en septiembre, 11 en octubre y 10 en noviembre, fortaleciendo la transparencia y el diálogo con las partes involucradas.
El informe también destaca la participación activa de la Presidenta en mesas de trabajo y reuniones interinstitucionales. Se realizaron 11 actividades en septiembre, cinco en octubre y ocho en noviembre, además de la asistencia a eventos estratégicos en materia judicial y anticorrupción, con el propósito de armonizar criterios y fortalecer la ética pública.
En cuanto a la labor colegiada, el Pleno del Tribunal celebró 15 sesiones entre septiembre y noviembre, de las cuales dos fueron ordinarias y 13 extraordinarias. Como resultado, se emitieron 64 acuerdos, entre los que sobresalen la integración de comisiones de responsabilidad administrativa, la reanudación de plazos procesales, la definición del domicilio oficial, el calendario de visitas de diagnóstico y el organigrama general del Tribunal.
Para dotar de certeza jurídica a su actuación, el Pleno aprobó el Acuerdo General 01/2025, relativo a la integración de las comisiones de responsabilidad administrativa, y el Acuerdo General 02/2025, que establece los criterios para la tramitación, substanciación, resolución y medios de impugnación en los procedimientos disciplinarios.
En el ámbito operativo, la Comisión Substanciadora, presidida por la Magistrada Claudia Cervantes, reportó la recepción de 98 procedimientos por faltas administrativas. De estos, 71 permanecen en trámite; se han dictado 52 acuerdos, programado 38 audiencias y desahogado 45. Asimismo, se remitieron 15 asuntos por faltas no graves y 12 por faltas graves a la instancia resolutora, además de practicarse 96 notificaciones.
Por su parte, la Comisión Resolutora, encabezada por la Magistrada Dora Delia Hernández, recibió 63 procedimientos de responsabilidad administrativa: 47 en septiembre, 10 en octubre y seis en noviembre. Durante el periodo se concluyeron 38 expedientes, se mantienen 26 en trámite, se emitieron 72 acuerdos de trámite, se realizaron 78 notificaciones y diligencias y se dictaron cuatro resoluciones definitivas.
La Comisión de Segunda Instancia, presidida por la Magistrada Violeta Fernández, atendió los recursos de revisión en materia de responsabilidad administrativa, emitiendo 22 acuerdos, con lo que se garantiza una doble revisión de las decisiones del Tribunal.
En materia de evaluación judicial, la Comisión de Evaluación y Desempeño Judicial, integrada por las tres Magistradas, inició visitas de diagnóstico a juzgados civiles y familiares en los distritos de Xicohténcatl, Cuauhtémoc y Zaragoza. Durante estas visitas se revisaron libros de gobierno, tiempos de radicación, turnos, juntas familiares y resoluciones, como base para un sistema de evaluación objetiva y transparente.
El informe también da cuenta de la nueva atribución del Tribunal para resolver conflictos laborales entre el Poder Judicial y su personal. Para ello se integró la Comisión de Conflictos Laborales, presidida por la Magistrada Violeta Fernández, la cual sostuvo reuniones con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Dirección Jurídica, con el fin de armonizar criterios y sentar las bases de un modelo laboral especializado.
La Secretaría General de Acuerdos reportó su función como fedataria de las decisiones del Tribunal, registrando 23 oficios de correspondencia, emitiendo 127 oficios, ejecutando 64 acuerdos de sesiones y dando seguimiento a tres juicios de amparo y ocho expedientillos vinculados con la función disciplinaria.
En la etapa investigadora, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, a cargo del Lic. Julio César Meza Domínguez, recibió 199 expedientes de presunta responsabilidad administrativa. De estos, 141 se encuentran en etapa de resolución y 58 en integración. Además, se da seguimiento a 285 carpetas de trámite, se procesan 13 expedientillos, se han radicado 26 de 47 expedientes y se han turnado dos Informes de Presunta Responsabilidad a la autoridad substanciadora.
El Tribunal de Disciplina Judicial también participa activamente en el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. El Pleno designó a la Magistrada Claudia Cervantes como representante ante el Comité Coordinador, y se realizaron cuatro reuniones de trabajo con la presidencia y la secretaría técnica del Sistema, enfocadas en la prevención y coordinación institucional.
Entre las acciones implementadas destaca la creación de un buzón digital de quejas y denuncias, accesible mediante un Código QR instalado en juzgados, salas y en la página oficial del Tribunal, permitiendo a la ciudadanía denunciar en tiempo real conductas indebidas. Asimismo, se impulsa la actualización del Código de Ética del Poder Judicial, en coordinación con instancias nacionales, para fortalecer una cultura de probidad.
Finalmente, el informe subraya la participación de las Magistradas en eventos cívicos, culturales y académicos, así como en mesas de coordinación durante el último cuatrimestre de 2025. Estas acciones, señala el documento, buscan consolidar al Tribunal de Disciplina Judicial como un órgano estratégico que no solo sanciona, sino que contribuye a la transformación del sistema de justicia, con decisiones guiadas por los derechos humanos, la perspectiva de género y la certeza de que nadie está por encima de la ley.