- Rosa Elvira Vargas y Georgina Saldierna
Cd. de México, (La Jornada).- Tres décadas después de nacer como la gran esperanza de la izquierda mexicana de finales del siglo XX, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se debate hoy en una disyuntiva atroz: escribe su epitafio o se queda en mera presencia testimonial en la escena política del país.
Hoy carece de registro en la tercera parte de los estados. En su apuesta suicida por el candidato presidencial Ricardo Anaya (2018) consiguió sólo un millón 600 mil votos.
Además, multimillonarias multas y deudas penden como otro clavo en su ataúd.
El PRD es hoy oposición de quien alguna vez fue su dirigente y dos veces candidato presidencial: Andrés Manuel López Obrador.
Modificados a lo largo de los años sus principios, estatutos y hasta programa de gobierno en aras del pragmatismo electoral, los actuales líderes del PRD llevarán hoy a la ceremonia del 30 aniversario, la oferta de su frágil registro a las agrupaciones y membretes que no alcancen a cubrir los requisitos del Instituto Nacional Electoral (INE) para convertirse en partidos políticos. Será una oferta por la cual el PRD estaría incluso dispuesto a cambiar de nombre.
Lejos de la consolidación soñada por sus iniciadores para cuando -alcanzara su mayoría de edad como opción política, múltiples razones explican la catástrofe perredista: la salida de sus filas de la mayoría de sus líderes fundadores, el éxodo de militantes tras la defección de López Obrador en 2013, las eternas pugnas entre sus dirigentes, corrientes y los señalamientos de corrupción hacia algunos de sus prominentes militantes cuando ocuparon cargos públicos…
Hay también análisis que ubican la aceleración de su declive en 2012: el respaldo al proyecto reformador de Enrique Peña Nieto a través del Pacto por México.
Ante esto, hoy el PRD tiene muy poco qué presumir en cuanto a puestos de elección popular: un solo gobernador (Silvano Aureoles, en Michoacán, quien apoyó al aspirante presidencial del PRI en 2018), 11 diputados federales y cinco senadores.
En la escena local las cosas no son mejores: carece de registro en Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo. Esta última entidad representa una paradoja cruel, porque el PRD apoyó al actual gobernador, Carlos Joaquín González. En los congresos estatales sólo alcanza 62 diputados locales en todo el país: en ocho no tiene un solo representante y en otros nueve, nada más uno. Gobierna apenas 10 por ciento de los ayuntamientos (263).
En materia financiera está quebrado. Sus prerrogativas oficiales para este año se redujeron a la mitad; recibirá 389.5 millones de pesos. A cambio debe encarar 36 millones 347 mil 949 pesos de multas en firme, más otros 54 millones aprobadas por la autoridad electoral en febrero que aún puede impugnar. Recién liquidó una multa de 83 millones que arrastraba desde los comicios de 2012.
Ante la debacle de 2018, el partido terminó su relación laboral con 175 de sus 193 empleados sindicalizados. Recontrató a varios con régimen laboral distinto, pero muchos interpusieron querella ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Igual sucede con el personal de confianza. El recorte fue proporcional a la compactación de su máximo órgano directivo, que pasó de 25 secretarías a sólo cinco integrantes en la llamada Dirección Nacional Extraordinaria.
Al mismo tiempo, el PRD debe hacerse cargo de los gastos de las entidades donde perdió el registro como partido. Debe al fisco 284 -millones 855 mil pesos. Tiene cuentas por pagar por 23 millones y más de 25 millones de cuentas por cobrar.
Precisamente por sus problemas financieros, y aunque sus líderes se dicen optimistas de poder solventarlos, el partido evalúa dejar su hoy semivacía y rentada sede nacional de la calle Benjamin Franklin y regresar al histórico y mucho más pequeño edificio de Monterrey 50.
Quién lo dijera de ese partido del sol azteca que, orgulloso y casi sin contrapesos, gobernó por 21 años la capital del país (1997-2018), el que se quedó en el umbral de la Presidencia de la República en 2006.
En ese año, las cifras oficiales dieron ganador a Felipe Calderón Hinojosa, sólo con 62 décimas de punto (243 mil 934 votos) sobre Andrés Manuel López Obrador.
En su mejor etapa, entre 2006-12, el PRD llegó a gobernar con candidatos propios, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Michoacán y Tabasco.
También, y en diferentes momentos y variados resultados en el reparto de posiciones e incidencia en la gestión gubernamental, se acreditó a los candidatos ganadores a los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. Son así 30 años ya desde la construcción de un proyecto que concitó grandes expectativas y al que hoy muy pocos además de sus líderes, le conceden posibilidades de sobrevivir.