- Manuel Rojas
Huamantla, Tlax.- Más de 7 millones de jóvenes padecen algún tipo de discapacidad en México y sólo un organismo es el encargado de toda la política pública federal para este sector, mientras, muchas personas discapacitadas permanecen aisladas de la educación y sin acceso al mercado laboral. Por ello madres y padres de familia celebraron que durante el desfile conmemorativo del 5 de mayo en la ciudad de Huamantla, hayan participado algunos estudiantes con discapacidad.
Pero recalcaron que esta situación no sucede en algunos colegios privados que no cumplen con la educación inclusiva para los estudiantes que la requieren.
La población discapacitada en México es un sector que se ha convertido en “un tema de gran importancia”, para generar políticas públicas en el país, señalan expertos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
Y es que de acuerdo con el informe la discapacidad en México, datos al 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay 7 millones 751 mil 677 de personas discapacitadas, 6.6 por ciento de la población, que merecen atención del Estado.
Justo en mayo de 2011 fue aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que mandata la creación de un organismo como el Conadis.
Su objeto principal: “reglamentar en lo conducente, el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.
De acuerdo a especialistas, por muchos años se ha tratado el tema de las personas con discapacidad como un tema de salud, que sí lo es por la rehabilitación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea motora, sensorial o intelectual o psicosocial; pero ya hay un cambio de paradigma: que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, como lo establece el Artículo 1 de la Constitución, las mismas obligaciones y deben ser tratados de la misma forma que una persona que no tiene discapacidad”.