- Tania Casasola y Arturo Daen
Cd. De México, (Animal Político).- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), involucrada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el millonario esquema de desvíos conocido como La Estafa Maestra, acumuló en 2017 presuntos gastos irregulares en proyectos de infraestructura y otros rubros por 2 mil 390.76 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con esas cifras, la Sedatu se ubicó en el quinto lugar, del ranking del colectivo ¿Fuiste Tú? que señala a los entes con los posibles desvíos de mayor monto e impacto en la cuenta pública.
La Auditoría identificó diversas irregularidades en la Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP) de la que era titular Francisco Báez Álvarez. Al señalarse su presunta responsabilidad en el esquema de desvíos de la Estafa Maestra, enfrentó un proceso penal.
Como director de Programación y Presupuesto Sedatu, era el encargado de liberar los recursos públicos; en el caso de la Estafa Maestra, autorizó dar dinero a universidades públicas que supuestamente harían servicios para la dependencia, pero que en realidad no se hicieron.
Sin embargo, en la audiencia del 26 de marzo, el juez federal Fernando Payá Ayala determinó no vincular a proceso a Francisco Báez, es decir, que no continuaría con la investigación debido a que las pruebas presentadas no fueron suficientes para señalarlo como presunto responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público.
La Fiscalía General decidió no apelar este fallo, sin embargo tenía abierta la posibilidad de presentar nuevas acusaciones, para que pueda ser procesado.
Animal Político buscó a la Sedatu para conocer sus comentarios sobre las denuncias y qué ocurrió con los recursos no comprobados, pero no hubo respuesta.
Las irregularidades
-La Auditoría encontró que en 2017 la Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP) transfirió indebidamente a delegaciones estatales de la Secretaría mil 173 millones 317,407 de pesos, “sin conocer plenamente el destino que se les iba a dar”.
La Secretaría, acusó la ASF, no acreditó o comprobó con documentos, que dichos recursos se hayan utilizado para obras de infraestructura. El dinero se destinó para obras supuestamente realizadas el año previo, en 2016.
En la misma auditoría forense (2017-0-15100-12-0414-2018 0414-DE) se refieren presuntos desvíos por 866 millones 195,045 pesos, por diferentes aspectos de gasto irregular, lo que da un monto total de 2 mil 39 millones 512,500 pesos.
-En la auditoría (2017-0-15100-15-0415-2018 415-DE), la ASF detectó que la Sedatu cometió presuntos desvíos o gastos irregulares por 335 millones 521,500 pesos.
Se detectó un probable daño al erario por 18 millones 669 mil pesos, del Programa de Infraestructura, ya que ese monto no fue devuelto a la Tesorería de la Federación por proyectos no terminados en las delegaciones de la Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca, y derivado del incumplimiento de plazos establecidos en los proyectos.
La Sedatu no comprobó que se hayan obtenido bienes y servicios como impresión de material informativo, arrendamiento de vehículos, honorarios y prestadores de servicios profesionales, por los que pagó 316 millones 852 mil pesos.
-En la auditoría de cumplimiento financiero 2017-3-15QIQ-15-0421-2018 421-DE se identificó la transferencia de 1 millón 238,700 pesos (del Programa Apoyo a la Vivienda 2017) por concepto de viáticos y gastos de mantenimiento, a la cuenta personal de quien era Subdirector de la Unidad de Vivienda en la delegación de la Sedatu en Morelos. No se presentaron documentos que comprobaran los gastos.
Sobre este caso, según documentó la ASF, la delegada estatal de Sedatu en Morelos presentó una denuncia en contra del ahora exsubdirector de la Unidad de Vivienda en la Delegación Estatal en Morelos, y/o quien resulte responsable, por el delito de peculado.
-En la auditoría 2017-0-15100-15-1700-2018 1700-DE, enfocada en las labores de apoyo a las víctimas de los sismos de 2012, se identificó un presunto gasto irregular de la Sedatu por 14 millones 491,700 pesos por el pago de retiro de escombro y lodos de viviendas, en el estado de Oaxaca.