La renuncia del Secretario de Hacienda es resultado de una Política de Influyentismo

  • Redacción

CDMX, Méx.- La secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Minerva Hernández Ramos, señaló que la renuncia del titular del ramo, Carlos Urzúa Macías, da muestras claras de una posible incertidumbre política y económica y el escaso reconocimiento del Ejecutivo federal a la experiencia de los funcionarios.

“Lo que importa no es el conocimiento o la experiencia de los funcionarios, sino la decisión por parte de los personajes que son influyentes al actual gobierno y que tienen un conflicto de intereses patente”, dijo.

La también vicecoordinadora Económica del Grupo Parlamentario de Acción Nacional expresó que hoy el tiempo da la razón en el sentido de que el Gobierno federal ha tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, carentes de evidencia y con políticas pública pobres y débiles, sin rumbo claro.

Advirtió que la renuncia Urzúa Macías, que se mostraba comprometido con el gobierno, lanza señales de incertidumbre política que se traducirá en económica y, posiblemente, en caso de que no haya una reacción inmediata del gobierno, incrementarán en mayor medida la percepción de riesgo financiero en el país para las calificadoras. 

La senadora por el estado de Tlaxcala se unió al posicionamiento del GPPAN e hizo un llamado para que, de acuerdo a las declaraciones esgrimidas en la carta de renuncia del hasta hoy secretario de Hacienda y Crédito Público, se inicie una investigación seria y a profundidad sobre el influyentismo y el conflicto de intereses que él acusa, pues son indicios claros de actos de corrupción.

En este sentido, la legisladora panista recordó que la ausencia del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público en el marco de la aprobación del Paquete Económico 2019, era una evidente señal de que no había independencia en el ejercicio de su cargo.

Finalmente, Hernández Ramos reiteró su convicción de garantizar a los mexicanos políticas públicas fuertes y con rumbo, que lleven a un crecimiento económico equilibrado y un desarrollo social que proteja a todos, principalmente a los más desfavorecidos, así como un adecuado y eficiente ejercicio del gasto público.

 

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