- Ariadna Huerta
Huamantla, Tlax.- Abogados de las víctimas ratificaron que el diputado local de Morena por el distrito 10, José María Méndez Salgado, tiene ocho demandas en su contra, por lo que dijeron pedirán al Congreso del Estado de Tlaxcala, que sea desaforado para que responda por los delitos de los que se le señala, entre ellos un posible fraude por más de 16 millones de pesos.
Los afectados que pidieron resguardar su identidad, señalaron que en el municipio de Huamantla la gente conoce como es la conducta de este sujeto, y “nosotros somos defraudados, agraviados en diferentes instancias y situaciones legales”, por lo que se ha presentado ante la Procuraduría General de Justicia una carpeta de investigación por un fraude, ejecutado por el diputado y su esposa, María del Rosario Cabrera.
Expusieron que las autoridades del Estado de Tlaxcala han dejado mucho que desear; sin embargo, después de promover un juicio ejecutivo mercantil en contra del Diputado, con número 70/2016, ha existido respuesta favorable por parte de la autoridad federal, pero hay cuestiones ilegales para garantizar el pago.
Explicaron que Méndez Salgado es representante legal y administrador único de la financiera Fitmex que es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) y ha presentado varios pagares con los que no se garantiza el pago del daño patrimonial, por lo que ha sido una lucha constante en contra del sistema de Justicia en Tlaxcala.
Aseguraron que los afectados han trabajado en conjunto y han llegado hasta la presidencia de la República para pedir el apoyo, porque el Diputado goza de fuero. También hemos acudido al Senado donde hemos dejamos todos los antecedentes del caso, “ya que hemos sido defraudados y nos sentimos afectados en nuestro patrimonio”.
Sus señalamientos los respaldaron con la exposición de documentos sobre el caso, aunque dijeron temer que las averiguaciones queden archivadas para que no prosperen, ya que Méndez Salgado no ha querido responder ante su reclamo, pues lo han buscado para dialogar y pedirle la restitución del daño, sin embargo, no hay una respuesta favorable.
Comentaron que extrajudicialmente los perjudicados son ocho personas y en la lista se encuentra el patronato de la escuela Juana de Arco, defraudado por alrededor de cinco millones de pesos, así como la empresa llamada Fin Rural, ahora Financiera Nacional, por alrededor de 12 millones de pesos.
Además, alcaldes tlaxcaltecas han ventilado extraoficialmente que el diputado morenista ha intentado intercambiar jugosos convenios económicos para el medio local de su propiedad, a cambio de supuestos apoyos en el Congreso Local para obra pública.
De confirmarse este hecho, el legislador estaría ante un conflicto de intereses que se entiende cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño debido e imparcial de su empleo, cargo, comisión o funciones.
El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala que todo servidor público deberá “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
Para denunciar un conflicto de interés y en general cualquier incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad de la Administración Pública Federal y al Código de Conducta de una dependencia o entidad, se cuenta con las denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) o también ante el Órgano Interno de Control (OIC). Es importante resaltar que la denuncia la puede hacer cualquier persona, sea funcionario o no, que tenga conocimiento de dicho incumplimiento y puede ser de manera anónima acompañado del testimonio de un tercero. Cada dependencia y entidad cuenta con mecanismos definidos para la recepción y atención de denuncias, sea ante el CEPCI sea ante el OIC.