- Manuel Rojas
En días recientes algunas autoridades de la entidad tlaxcalteca han hecho declaraciones ante algunos medios de comunicación, que son de su preferencia, por razones de lógica publicitaria, en las cuales piden a la prensa que informen con veracidad, claro que este llamado sólo es para quienes no están en la lista que guardan en el bolsillo trasero de su pantalón. Argumentan que hay notas amarillistas que desinforman a los ciudadanos.
Sin embargo frente a la agudización de la crisis política y social que actualmente atraviesa nuestro país, particularmente por las agresiones a quienes se dedican al periodismo basándose en el derecho a la libertad de expresión, es necesario manifestar el rechazo y condena a toda forma de represión y obstaculización para el ejercicio de este derecho. Por lo que es necesario hacer algunas consideraciones.
El periodista no sólo tiene la obligación de establecer la verdad sobre los hechos que investiga, sino que tiene también el deber de contar lo que sabe como cierto y lo que resulte noticiable. Esto se puede traducir bajo la premisa de que el periodista tiene la obligación de no callarse lo que sabe, siempre que sea de interés público. El destinatario de la información es el ciudadano, y la protección constitucional que se le otorga al periodista le permite acceder a la información que la fuente posee sobre los asuntos que maneja. Todo ello nos lleva a hablar de la ley, del ejercicio del poder cuya principal tendencia es perpetuarse, lo que genera una tendencia instintiva de los poderes hacia el oscurantismo, ya que la transparencia supone por sí misma un límite al ejercicio del poder.
Por eso es importante el periodismo, porque las estructuras de poder tienden a conservar su control evitando filtraciones sobre su ejercicio, sin embargo la Ley permite al periodista investigar y buscar información en el ejercicio de su profesión. La veracidad y la protección que le otorga la Constitución le va a servir para desarrollar adecuadamente su función, de ahí que fuera determinante, con la llegada de la democracia, la creación de una serie de instrumentos jurídicos que amparase la labor del profesional de la información. Unos medios de comunicación plurales, que permitan un ejercicio del derecho a la información, dentro de las bases constitucionales creadas para ello, permitiendo la formación de una opinión pública libre y el fomento de una sociedad democrática.
En relación con el contenido de la información debemos explicar que la noticia es el producto terminativo, el resultado del proceso comunicativo-informativo, que se abre con la captación de un hecho o acontecimiento y se cierra con la elaboración de un mensaje para conocer lo que pasa. El lenguaje empleado en la redacción de esa noticia exige referirse a unos hechos, datos y redactar un relato tendente a reflejar la realidad, en tal sentido el acto informativo es una forma de acto de justicia, con las implicaciones que ello tiene. Por tanto, la información se convierte en un acto de justicia que consiste no solo en dar información sino en analizar como la ofrecemos, redundando en la calidad informativa.
La veracidad se convierte aquí en un elemento privativo en el propio acto informativo, desde el mismo momento que la recogida de datos exige una relación de los hechos que describimos con la realidad. Todo ello conlleva una interpretación del sentido clásico del término de justicia, así, desde el momento que el periodista transmite la realidad tal y como es, se produce un acto de justicia con el receptor de esa información.