- Redacción
Cd. de México.- Cuatro años y medio después no podemos ni debemos olvidar que no solo se trata de “los 43 de Ayotzinapa sino de más de 30.000 casos de desapariciones en total”, ha señalado Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh.
Los padres de los estudiantes que sobrevivieron, los que ahora asisten a la Normal y miles de mexicanos mantienen la esperanza de que se esclarezca lo sucedido con esos 43 jóvenes y con otros miles de desaparecidos en México.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes hicieron ese día lo mismo que varias generaciones antes de ellos: viajaron del pueblo de Ayotzinapa, ubicado en el estado de Guerrero y sede de una de las principales escuelas para formar a profesores rurales de México, a la ciudad de Iguala. Tenían la intención de tomar autobuses para viajar a la capital del país y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968.
Pero terminaron siendo víctimas de otra matanza. En un episodio aún confuso, durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes de una célula de narcotráfico local contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes (e incluso otro más a bordo del cual iba un equipo de futbol).
Cinco jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 jóvenes, cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que los subieron, están desaparecidos desde entonces.
De allí nació una consigna que será coreada de nuevo este miércoles, a cuatro años de los hechos, junto con la lectura en voz alta de los nombres de cada uno de los jóvenes: “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”.
La pregunta aún irresuelta sobre el destino de los jóvenes ha convertido el caso en “un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido” en los últimos años en México, en palabras del escritor Francisco Goldman, con investigaciones atascadas por la “complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno”.
La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ya habían tomado el control de los autobuses, fueron interceptados por miembros de la policía local y por presuntos grupos armados. Estos abrieron fuego contra los jóvenes y contra los integrantes del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo.
Un grupo de expertos que se sirve de la arquitectura y de la tecnología para investigar casos de violaciones a los derechos humanos, Forensic Architecture, creó hace poco una plataforma que intenta hilvanar todas las historias de lo sucedido ese día.
Según el gobierno federal del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto, cuya Procuraduría General de la República (PGR) tomó cargo de la investigación unos días después, la pareja que gobernaba la ciudad de Iguala (José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa) tenía vínculos estrechos con un grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos. La versión de la PGR sobre por qué la policía local abrió fuego contra los jóvenes es que la pareja gobernante pensaba que los estudiantes iban a irrumpir en un evento público y ordenó detenerlos.
Varios integrantes de la policía también habrían estado involucrados con Guerreros Unidos.
Los primeros días de octubre, durante la búsqueda inicial de los jóvenes, fueron encontradas una serie de fosas comunes con supuestos restos calcinados de personas, algunas de ellas en un basurero en la localidad cercana de Cocula. La PGR aseguró en noviembre de 2014 que partes de esos restos correspondían a los estudiantes.
Ante las exigencias de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Naciones Unidas, al igual que de los representantes de las familias de los 43 estudiantes, el gobierno de Peña Nieto solicitó la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), compuesto por cinco latinoamericanos expertos en temas legales y de derechos humanos. Durante 2015, los integrantes del grupo recopilaron información de diversas fuentes sobre lo sucedido esa noche de septiembre y los días posteriores, aunque en varias ocasiones denunciaron que el gobierno no les daba acceso a sitios o a figuras que podrían tener información.
Los expertos publicaron dos informes a partir de la evidencia que recabaron, y sus hallazgos contrastan las afirmaciones de las autoridades. Por ejemplo, aunque la PGR asegura que los estudiantes fueron incinerados en aquel basurero en Cocula, expertos consultados por el GIEI para un peritaje independiente afirman que no hay evidencia alguna que corrobore que en ese sitio se hayan realizado cremaciones como las descritas por el gobierno.
El GIEI señaló que diversas autoridades manipularon evidencia, torturaron a sospechosos (algo también denunciado por la ONU) y no investigaron pistas que podían apuntar a conclusiones distintas que la de incineración, como la hipótesis de que uno de los autobuses secuestrados por los estudiantes habría tenido escondida droga que los delincuentes habrían querido recuperar sin que los jóvenes lo supieran.
Los familiares de los estudiantes continúan exigiendo que se esclarezca lo que ocurrió ya tomando en cuenta lo encontrado por el GIEI. Varios de los sospechosos detenidos, cuya tortura para declarar ha sido documentada por la ONU y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentaron amparos en contra de su arresto. El caso
terminó frente al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de México, que en julio de 2016 falló que toda la investigación había estado viciada y la única manera de remediarlo era empezarla de nuevo con un mecanismo inédito: una Comisión de Investigación en la que participaran tanto la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como los representantes de las familias.
Aunque hubo un freno inicial a ese fallo, otro tribunal dijo esta semana que debe proceder la creación de la comisión.