- Redacción
En medio de la discusión por la creación nuevamente de una Secretaría de Seguridad y de la figura de súperdelegados estatales, la Cámara de Diputados aprobó el martes 13 de noviembre una reforma sobre la relación de la Secretaría de Gobernación (Segob) con los medios públicos, que especialistas consideran un riesgo de control autoritario, aunque los legisladores lopezobradoristas rechazan esa interpretación.
“A la Secretaría de Gobernación corresponde (…) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Esta fue la frase que quedó aprobada en el artículo 27 fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) —que cada nuevo gobierno ajusta para establecer cómo se va a organizar—, a pesar de que no estaba en la iniciativa original.
Actualmente, esta ley sólo concede a Segob facultades para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información”, en su fracción 39, y vigilar que las publicaciones no atenten contra derechos de la vida privada, los niños o la paz, en la fracción 40.
Para Ricardo Raphael, académico del CIDE y colaborador de Canal Once —la televisora pública más antigua de México—, hay un error en la redacción y antes de pensar que hay una intención perversa del gobierno, pide que se corrija en el Senado, que recibirá la iniciativa esta semana.
“Si el argumento de la redacción fuera que la Secretaría de Gobernación debe asegurar la provisión, yo estaría muy conforme con la redacción, y ojalá la Cámara de Senadores agregue ese verbo. Pero si queda como está, que es ‘proveer el servicio’, pues sí estaríamos en una muy mala redacción jurídica que chocaría con otras leyes, porque pues la UNAM provee el servicio de televisión pública de TV UNAM, y el Poli (Instituto Politécnico Nacional) provee el servicio de televisión pública del Once, y el Canal 22 es una empresa prácticamente paraestatal”, señaló en entrevista.
Pero Aleida Calleja, experta del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), está segura de que no fue un descuido y consideró que este cambio es un retroceso en el camino hacia tener medios públicos que sean verdaderamente independientes del gobierno, como en otras partes del mundo.
Con la reforma en Telecomunicaciones de 2013, explicó, ya se había cuestionado mucho que todavía se le dejaran facultades sobre los medios a Segob, en lugar de que todo pasara a manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aun así, se creó el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) para coordinar a los medios públicos, que en términos de diseño institucional, aunque no es un organismo autónomo, tampoco está sectorizado, es decir, no depende de ninguna secretaría, lo cual implicaba cierta independencia.
Esta preocupación la comparte Héctor Villareal, quien fue director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Notimex y ocupó varios cargos de comunicación social durante los sexenios del PAN. En la época de Vicente Fox, explicó, el IMER pasó de estar sectorizado en Segob a estar en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la tendencia era a acercar a los medios públicos más a instancias ciudadanas.
¿Qué quisieron decir los diputados?
Cuestionada sobre el sentido de la ley, la diputada morenista Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, que elaboró el dictamen, dijo a Animal Político que el objetivo es que haya mejores contenidos en los medios públicos.
“Lo que se propone es que se requiere que la Segob trabaje con el SPR para que más mexicanos y mexicanas tengan acceso a mejor contenido de radio y televisión. Muy poca gente conoce el Sistema Público de Radiodifusión, y es porque esta entidad no ha tenido el acercamiento suficiente a las localidades y a la gente, y el objetivo es cambiar esta premisa. Entonces con este cambio que nosotros hacemos al artículo 27, abrirá y difundirá cultura, información y arte. No se trata, como lo han mencionado, de una máquina política tendenciosa o de propaganda gubernamental. Eso es un error”.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, cree que las críticas a lo aprobado obedecen a que “le andan buscando chichis a las hormigas” y en realidad la nueva redacción deja todo como estaba, sin dar al gobierno mayor poder sobre los medios.
La aprobación de la Ley de la Administración Pública Federal en la Cámara de Diputados corrió a cargo de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Partido Verde (PVEM), mientras que el PRI y el PRD se abstuvieron en lo general, y PAN y MC fueron los únicos en contra.
Al pasar a la discusión de reservas a artículos en particular, el PAN reventó la sesión. Los coordinadores parlamentarios acordaron que se convocara a una nueva sesión, que terminó de madrugada, en la que el PAN ya no participó por considerarla irregular y de la que también se ausentaron MC y el PRD. Tagle tenía preparada una reserva a la fracción octava del artículo 27, pero ya no la presentó, por lo que el bloque lopezobradorista aprobó la Ley sin oposición.
Fernández Noroña, parte de ese bloque, comentó que él había visto bien la Ley en general y no percibió ningún problema en el punto que ahora está bajo la lupa. Aun así, dijo estar abierto a que si el Senado considera que la crítica es fundada y los diputados cometieron un error en la redacción, les enmiende la plana y la cambie.
La iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Senadores, que este miércoles 21 de noviembre empezará a revisarla en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
