- MATHIEU TOURLIERE
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Donald Trump obtuvo lo que deseaba: mediante un amplio dispositivo de la Policía Federal (PF) y del Instituto Nacional de Migración (INM), el gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo en la frontera sur de México a los miles de centroamericanos de la Caravana del Migrante.
Detrás de un discurso que apela a la legalidad y a la soberanía nacional, el gobierno mexicano se convirtió de facto en el filtro migratorio de Estados Unidos: el viernes 19, al cierre de esta edición, Peña Nieto insistió en que sólo quienes obtengan una visa otorgada por el gobierno podrán ingresar al país; también aclaró que las autoridades migratorias analizarán individualmente las solicitudes de refugio, un trámite de 45 días hábiles, prorrogable hasta 90 días.
“Como cualquier país soberano, México no permite, ni permitirá, el ingreso a su territorio de manera irregular; mucho menos de forma violenta”, aseveró el mandatario en un mensaje a la nación.
A lo largo de la semana pasada Trump vociferó contra los gobiernos de la región –Guatemala y México– a medida que avanzaba la caravana que partió el sábado 13 de Honduras, lo mismo en su cuenta de Twitter que en los canales diplomáticos. Sin embargo, el viernes 19 aplaudió cuando los agentes de la PF mexicana replegaron con gases lacrimógenos a los migrantes en el puente fronterizo con Guatemala.
“Agradezco al gobierno mexicano por detener a estos delincuentes”, declaró Trump el viernes 19, aunque advirtió: “Si eso no funciona, llamaremos a los militares, no a la Guardia (Nacional)”.
Según Héctor Vasconcelos, recién nombrado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, “mi percepción es que sí ha habido presiones muy importantes del gobierno estadunidense y el gobierno de Peña Nieto se ha dejado presionar”.
En entrevista con Proceso Vasconcelos señala: “A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto ha habido un exceso de obsecuencia hacia Estados Unidos… hemos aceptado muchas cosas a cambio de obtener un acuerdo de libre comercio. El Senado estará vigilante de que no por obtener una ventaja comercial se ponga en riesgo la defensa de nuestra soberanía”.
Para los migrantes centroamericanos, el paso por México de manera indocumentada resulta peligroso y conlleva altos riesgos de ser deportados. Sin embargo, para muchos de ellos es la única opción que permita escapar de la violencia y la miseria que azota sus países: el trámite para obtener asilo es largo, difícil e implica a menudo pasar varios meses en centros de detención migratoria, sin posibilidad de obtener un trabajo.
Y, por si fuera poco, la solicitud desemboca generalmente en una respuesta negativa.
En 2017, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 14 mil 596 solicitudes de refugio –66% más que en 2016–, y a finales de año sólo había procesado la mitad, debido a la falta de personal y de recursos. De esta mitad –6 mil 877–, concedió refugio sólo a mil 907 personas.
Según las estadísticas de la institución, se benefició a nueve de cada 100 solicitantes hondureños y guatemaltecos, así como a 14% de los solicitantes salvadoreños. En el mismo lapso proporcionó refugio a 12 de los 153 menores hondureños que lo pidieron, y a dos de los 21 niños guatemaltecos.
En Estados Unidos, las cifras son similares: en 2016 –los datos oficiales más recientes–, las autoridades recibieron 25 mil solicitudes de protección internacional de ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, y acordó apenas 3 mil 606 condiciones de refugio, rechazando 86% de los trámites.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2190, ya en circulación)
