Sergio Espinoza.-La tarde de este lunes, inconformidad por la edificación de lo que serán las nuevas instalaciones de Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Santa Ana, provocó un conato de enfrentamiento con detonaciones por arma de fuego entre grupos de funcionarios y pobladores de Tlaltelulco y Chiautempan en Tlaxcala, situación que reaviva el añejo conflicto por delimitación entre ambas comunas.
Fue alrededor de las 11:00 horas que un grupo de vecinos encabezados por un Regidor de la Magdalena se hicieron presentes en un predio cercano al mercado municipal ‘Carlos Salinas de Gortari’, para exigir al Secretario del Ayuntamiento de Chiautempan Nicolás Gutierrez de Casa, detener la obra de edificación de la Comisaría de Policía sarapera; con el argumento de que el terreno pertenece a territorio de Tlaltelulco.
Situación que provocó alerta y obligó a la presencia de elementos policiales, quienes permanecieron en las inmediaciones de lo comunidad de Tepetlapa, ya que poco a poco al punto geográfico contiguo al Periférico de Tlaxcala comenzaron a llegar grupos de civiles y el Alcalde petista de Tlaltelulco Rubén Pluma Morales, quien intercambio impresiones con los allí presentes y optó por retirarse “al no haber condiciones”, no sin antes reprochar el posible desinterés del Congreso local y la Comisión de Asuntos Municipales que tiene “parado” el procedimiento para delimitar los municipios.
Para minutos después -las partes en conflicto- pasar de las palabras a los golpes, en un brote de violencia que incluyó al menos cinco detonaciones posiblemente por arma de fuego (al aire), que permitió calmar momentáneamente los ánimos de los participantes en la trifulca y obligar su repliegue, mismos que portaban en sus manos tramos de varillas, tubos, partes de adocreto y piedras para defender su causa; situación que no prosperó y provocó un clima de tensión en la zona.
De esta forma, se escribió un nuevo capítulo de la disputa por límites territoriales entre los municipios de Tlaltelulco y Chiautempan, historia que ha implicado la privación de la libertad de funcionarios y vandalizado las instalaciones (hace unos meses) de la delegación en Tlaxcala del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por parte de interesados, que actuaron al margen de la ley.