- Ariadna Huerta
Huamantla, Tlax.- Orlando Santacruz Carreño, ex presidente municipal de Apizaco y abogado de Sánchez Jasso en el proceso de Juicio Político qué hay en su contra en el Congreso de Tlaxcala, fue señalado por el desvío de 53 millones de pesos, según lo dicho por el diputado local de Morena, Miguel Piedras Díaz.
Durante sesión ordinaria del Congreso de Tlaxcala, el Legislador subió a la tribuna y señaló que existen muchas irregularidades en las cuentas públicas del ex presidente de Apizaco, por el manejo irregular de recursos provenientes del Subsemun, que trató de justificar con facturas y estados bancarios falsificados relacionados con obras inexistentes, según la Secretaría de la Función Pública, dijo el representante popular.
Miguel Piedras Díaz, integrante de la LXIII Legislatura, detalló que algunas de las obras son dos deportivos, en lo que se gastaron recursos de la Comisión Nacional del Deporte, que ascienden a 14 millones de pesos, “esta situación les debería preocupar a los diputados locales, lo que pasó y lo que sigue pasando en Tlaxcala”, enfatizó.
Santacruz Carreño fue presidente municipal de Apizaco del 2011 al 2014, diputado Local por el Distrito XV de la LIX Legislatura; y ahora defiende a Sánchez Jasso de las acusaciones sobre mal manejo de los recursos públicos, por lo que, según habitantes del pueblo mágico, “se trata de una verdadera lacra de la política, que sabe cómo manipular legalmente los procesos judiciales y seguramente por eso Jasso le pidió que lo defendiera”.
El expresidente municipal de Apizaco, está considerado como el peor servidor público de este municipio, según sus habitantes ya que en su oportunidad fue denunciado por el posible mal manejo de recursos, por lo que hay dos resolutivos de inhabilitación tras ser encontrado responsable de daño patrimonial por parte de la Contraloría del Ejecutivo y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el primero de ellos derivó del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa del que la Auditoría Superior de la Federación determinó un daño patrimonial por 10 millones de pesos, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
En el segundo procedimiento, la Contraloría del Ejecutivo estatal emitió la resolución contra el ex edil panista al no contar con comprobación acreditable y determinó un daño patrimonial por 27 millones de pesos, del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).